“¡Dígale a ella cuántos años tiene, en su idioma!”

Para retirar de la vía pública a una mujer mixteca que no tenía permiso para vender artesanías, un funcionario de Ordenamiento e Inspección municipal mostró una actitud grosera e intentó ...

San Pedro Garza García

Bajo un sol agobiante, la Calzada del Rosario y la avenida Vasconcelos sirvieron de escenario para que un grupo de mixtecos fueran amedrentados por un inspector del Departamento de Ordenamiento e Inspección de San Pedro.

Cerca de las 16:00 de ayer, el servidor público Alberto Rodríguez Rodríguez comenzó su labor bajo una serie de actos prepotentes.

Tomó una bolsa de artesanías de una mujer identificada como Silvia, quien se encontraba en el mencionado cruce, y metió los objetos a una camioneta tipo Honda con placas RE-27-152.

Silvia, junto a su madre y dos menores de edad -hijas de la primera- trataban de vender algunos abanicos de palma, cucharas de madera y bolsas de mano, para obtener unos pesos; no obstante, su labor fue truncada.

"Estábamos vendiendo ahí, luego llegó el señor, (a decirnos) que no podíamos estar vendiendo ahí porque no teníamos permiso", comentó Silvia, quien es de origen mixteco.

El inspector tomó la decisión de moverlas del cruce y llevarlas a la sombra frente a una tienda de conveniencia. Un camino lento para Silvia, sus dos hijas y su madre, en el que Rodríguez Rodríguez alzó la voz con frases como: "¡Señoras, cuidado! ¿Qué no ven que pasa el carro o qué?".

Ya en la sombra, el funcionario de Ordenamiento e Inspección pidió las edades y los nombres de cada una de las integrantes. Al ver que no tenía respuesta de una de ellas, alzó más la voz.

"¡Usted (dirigiéndose a la más joven), dígale a ella cuántos años tiene, en su idioma!". A lo que respondió Silvia: "Entienda que no sabe, no se acuerda".

Conforme el diálogo avanzaba, el inspector insistía en que se debían retirar, y que en caso de no irse se llevarían las niñas al DIF Capullos. Pero mientras mantenía el acercamiento decidió volver a la camioneta y regresarle sus artesanías. Aquellas que necesitan cerca de un día para tejerse.

"Llegó el señor y me quitó mi bolsa. No dejan trabajar a gusto. Dijo que me pueden quitar a mis hijas, que las van a llevar al DIF a mis hijas, en lugar de ayudar me hace esto, si yo no vivo aquí, no sé nada", comentó momentos después la mujer indígena.

Aunque por más de 15 minutos sostuvo una conversación con voz fuerte, no se les informó dónde podrían tramitar su permiso para vender en la vía pública.

"Se quería llevar todas mis bolsas y le dije qué pasó. No estoy haciendo nada, ni estoy robando, ni nada, y nos dijo 'es que no tienen permiso' pero tampoco quieren darme permiso para trabajar", apuntó la señora Silvia.

La señora no trae permiso, manifestó el inspector. "Entonces la gente se involucra, toma fotos sin saber las acciones, ¿me explico?", dijo.

Horas después, la señora Josefina López, familiar del grupo de mujeres, reportó a MILENIO Monterrey que hechos como el de este martes suceden recurrentemente.

Expuso que en anteriores ocasiones han "jaloneado" a sus hijos, o bien las autoridades les exigen que "hablen bien", al argumentar que no entienden "el idioma", es decir, el dialecto mixteco.

De acuerdo a la página oficial de San Pedro Garza García, la Coordinación de Comercio y Panteones del Ayuntamiento se encuentra a cargo de Sandro M. Venegas Morales.

Si bien el Reglamento que Regula el Funcionamiento de los Mercados Rodantes y el Ejercicio del Comercio Ambulante expone en el artículo 29 que los comerciantes que realicen actividades podrán ser retirados del lugar junto con sus medios con los cuales ejerzan sus actividades, por otra parte, el artículo 35 del mencionado reglamento expone que para la imposición de las sanciones que correspondan deberán ser notificadas por escrito al o los interesados de la resolución dictada.

En tanto, se debe abrir un periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

Al respecto, Félix Torres, director de Procuración y Justicia Étnica, manifestó que el detalle con situaciones similares es que actualmente no hay medidas para evitar los abusos por parte de las autoridades hacia las comunidades indígenas.

"Hay un abuso implícito por una cuestión de género y de identidad étnica, porque no sería lo mismo evidentemente con una persona que estuviera agremiado con la CROC o con alguien que esté vendiendo galletas de los niños exploradores.

"Jamás se atreverían ellos siquiera a molestar a algunos niños que estuvieran vendiendo limonadas... podrían excusarse que tiene cierta razón el inspector; sin embargo no sería igual en otras condiciones", apuntó.

Por otra parte, la Ley de los Derechos Indígenas para el Estado de Nuevo León manifiesta en su artículo 31 que para cualquier proceso administrativo, penal o civil donde intervenga un indígena, se deberá contar con un traductor que conozca su lengua y cultura.

Historia que se repite

Apenas el pasado sábado 12 de julio, una usuaria de Twitter que se hace llamar @comeetita envió un reporte al programa de denuncias San Pedro 72, en el cual argumentaba que las indígenas daban mala imagen al municipio.

"@SanPedroen72 es una pena que permitan la invasión de Marías en SanPedro. Acabarán con parques", destacó.

Tras el mensaje, de inmediato la unidad de atención se puso en contacto con la usuaria. "@comeetita buenas tardes, puede proporcionarnos la ubicación para enviar una unidad al lugar donde se encuentran en este momento", respondió la administración.

Aunque se dio respuesta a la nota de @comeetita, la persona momentos después borró sus comentarios por ataques en la red y San Pedro en 72 rechazó algún tipo de discriminación.