NL es como un abanico de desigualdades: activistas

Los analistas consideran que las personas que estuvieron en prisión, los migrantes de paso, los grupos indígenas y las minorías sexuales son los más vulnerables en la entidad.
Los representantes de diversas organizaciones se reunieron y expusieron su postura durante un panel.
Los representantes de diversas organizaciones se reunieron y expusieron su postura durante un panel. (Raúl Palacios)

Monterrey

El estado de Nuevo León es un abanico de desigualdades para diversos sectores de la población que no "encajan" en el sistema de progreso y bienestar que tanto autoridades como la mayor parte de la sociedad insisten en promover, concluyeron activistas por los derechos humanos.

Las personas que estuvieron en prisión, los migrantes de paso, los grupos indígenas y las minorías sexuales son parte de los grupos más vulnerables de ver violentados en su integridad.

Para Fernando Elizondo García, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho, la metrópoli regiomontana no podrá convertirse en la ciudad cosmopolita y de vanguardia que muchos desean si sus ciudadanos no aprenden a respetar las diferencias que hay entre ellos.

No hay derecho a la educación

Consuelo Bañuelos tiene años trabajando con la población excarcelada; hombres y mujeres que están y estuvieron en prisión; y aunque en el transcurso de sus labores en los penales del Estado le ha tocado presenciar una gran cantidad de situaciones en las que los internos ven atacados sus derechos fundamentales, para ella, la peor de las omisiones, es la falta de acceso a la educación.

Explica que la organización a la que pertenece trabaja desde hace año en las 53 colonias del área metropolita consideradas como las principales emisoras de internos a los penales y en ella se ha podido notar como los niños y adolescentes del estado no acuden a la escuela.

"En todas estas colonias que visitamos todos los días hay niños en las calles, en los parques, e las banquetas que no van a la escuela porque están expulsados, porque no tienen para pagar las cuotas o porque sus padres no los pueden llevar.

Da a conocer que el 70 por ciento de los internos en los centros Tutelares no han terminado la secundaria y quienes supuestamente si cuentan con un certificado tienen habilidades de lecto escritura muy deficientes.

Invisibilidad, la peor vejación

Parten de la nada, a los indígenas en Nuevo León ni siquiera se les mira, no hay cabida para ellos en el estado de progreso, afirma Carmen Farías de Zihuame Mochilla, organización que trabaja desde hace 11 años con las comunidades migrantes en la mancha urbana.

Sin importar que el grupo de hablantes de lenguas originarias se haya multiplicado en diez tantos, en los últimos 24 años en la entidad, pasando de 4 mil 852 en 1990 a 40 mil 135 en 2010.

Existe ya una ley de los Derechos Indígenas en Nuevo León y algunas cosas han cambiado, pero aún siguen siendo detenidos arbitrariamente, aun padecen de la falta de traductores en los hospitales y cuando se enfrentan a la justicia y siguen sin tener representación en los Cabildos.

En pie de lucha

La comunidad LGBTTTI en Monterrey ha encontrado en la vía legal el camino para obtener sus derechos elementales; los litigios estratégicos han logrado la consecución 11 amparos de parejas y uno colectivo por parte de 38 personas que buscan el derecho al matrimonio.

Sin embargo, a juicio de Mariaurora Mota Bravo, de Género, Ética y Salud Sexual aún falta un largo camino por recorrer, para educar a la autoridad y la sociedad sobre las familias homoparentales y que el Poder Judicial no siga quitando la custodia de sus a las mujeres que son lesbianas o a los hombres por ser homosexuales.

Mientras por un lado se enfrentan a la omisión legislativa en relación a los derechos civiles, por el otro, desde el Congreso se busca la creación de una comisión de la familia, que no considera las que están confirmadas por integrantes de la diversidad sexual.

Un pesado lastre

Las personas que caen en prisión viven una condena dentro y otra fuera de la cárcel; en el interior viven en la sobrepoblación de más de 50 por ciento en algunos centros de reinserción social, como el Topo Chico, y del 25 en Apodaca y Cadereyta.

Javier Náñez Pro, de la asociación Renace A.B.P, destaca la falta de servicios básicos y las condiciones de autogobierno de los penales, situaciones que padece no solo el interno, sino también su familia.

Terminar la condena en prisión no acaba con el castigo, el rechazo y la exigencia de la carta de antecedentes no penales para conseguir un trabajo desembocan en un índice de reincidencia importante.

"La carta de no antecedentes penales es a todas luces discriminatoria y es un contrasentido absoluto con la Constitución y las finalidades que se marcan en el artículo 18, que buscan justamente al reinserción social", puntualizó.

Crisis de tortura

En 2013 se documentaron 110 casos de violaciones a la integridad personas de los cuales 43 fueron considerados casos de tortura en el estado, según un estudio de la Facultad Libre de Derecho con cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Son los agentes del ministerio público quienes más incurren en este tipo de prácticas en búsqueda por obtener declaraciones en investigaciones criminales, para lo cual recurren a golpes en primera instancia (42 casos), asfixia (22), choques eléctricos (6), privación de la estimulación sensorial normal (6), violencia sexual(3), lesiones por bala (1) y quemaduras (1).

"En Nuevo León tenemos una crisis de tortura utilizada como método de investigación criminal, nuestros policías están usando tortura ara obtener confesiones y en algunos casos ´fabricar´ culpables y tiene que ver con esta sed que existe en Nuevo León por que vuelva la paz y en el proceso las autoridades reaccionando ante la exigencia ciudadana han recurrido a este mecanismo", afirmó Fernando Elizondo García.

La PGJE muestra reacción

Para Consuelo Morales Hernández, de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, la sociedad civil organizada y el clamor por justica ha llegado ya a "tocar" a algunas autoridades como el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde la búsqueda de los desaparecidos ha dado resultados.

Afirma que de los mil 253 reportes que ha recibido Cadhac han sido encontradas 104 personas hasta el momento, desde que, en 2011 se comenzó a trabajar en colaboración.