Esto cae en la figura de un fraude: urbanista

De acuerdo a Jorge Longoria, experto en planeación urbana estratégica, la responsabilidad para cumplir con los lineamientos en los desarrollos es de los tres niveles de gobierno y de los privados.
Colonos siguen en el limbo.
Colonos siguen en el limbo. (Leonel Rocha)

Monterrey

Los nuevos desarrollos de Juárez fueron considerados como "fraude", al revelarse que incumplen con servicios, mantenimiento y limitaciones de transporte público.

De acuerdo a Jorge Longoria, experto en planeación urbana estratégica, la responsabilidad para cumplir con los lineamientos en los desarrollos es de los tres niveles de gobierno y de los privados.

"Esto cae en la figura de un fraude, en el sentido que no puede ser que la gente esté viviendo ahí cuando el fraccionamiento no tiene ni los servicios.

"Lo que preocupa y salta a la vista es que no puede ser que llegue a ese nivel de ocupación de vivienda, cuando el desarrollador no puede abastecerlos de servicios", apuntó.

El analista urbano destacó que el ayuntamiento no puede "lavarse las manos" y decir que no tiene responsabilidades porque el desarrollador no ha cumplido con entregar el fraccionamiento.

"De parte del ayuntamiento hay una omisión que debió haber sancionado y en todo caso los habitantes tendrían el derecho de exigirle al desarrollador y al ayuntamiento que los apoye en estas irregularidades", mencionó.

Longoria destacó que aunque el desarrollador es el responsable de pagar desde el consumo de energía, bacheo e incluso servicios de recolección de basura, el municipio tiene la responsabilidad de atender la solicitud de los habitantes.

"El municipio en este caso está siendo omiso en atender una situación a todas luces grave, puesto que estamos hablando de casi 200 mil personas que se encuentran en el limbo.

"Y ese limbo no puede el municipio hacerse el occiso al decir que es culpa del desarrollador que los ha entregado", manifestó.

Mencionó que las instancias de Desarrollo Urbano, las contralorías del municipio y del Estado, así como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tienen injerencia en el caso.

A la contraloría municipal, comentó, le corresponde investigar bajo qué condiciones otorgaron las licencias para que el desarrollador haga la compra venta de propiedades.

Otra opción, indicó, es que los propios particulares pidan a la Auditoría Superior del Estado que investigue este proceso.