En 3 años, nexos cuestan el cargo a 10 funcionarios

Irregularidades en procesos legales han provocado el cese, suspensión o investigación por parte de instancias judiciales.
Negocios con alta demanda.
Negocios con alta demanda. (Jorge López)

Monterrey

Sentencias favorables o fallos de amparo irregulares a casas de apuestas, utilizar prestanombres detrás de estos negocios y ahora audios que revelan nexos de magistrados, jueces y secretarios vinculados a apoderados de casinos ha generado el cese, suspensión o investigación contra cuatro jueces y seis secretarios en los últimos tres años.

Sólo el pasado 6 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aceptó la separación de Mario Alberto Prado Rodríguez, quien se desempeñaba como secretario técnico de la ponencia del consejero Daniel Cabeza de Vaca, luego de que se difundieron grabaciones con magistrados presuntamente vinculados con el empresario de casinos Juan José Rojas Cardona.

Las grabaciones supuestamente demuestran que Francisco Salazar Arreozola, apoderado de Rojas Cardona, pidió al magistrado José Manuel Rodríguez Puerto, tratar de convencer a Prado Rodríguez sobre la necesidad de que lo cambiaran de adscripción.

Desde septiembre de 2011, el CJF encontró elementos suficientes para suspender a Luis Armando Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, juez Primero de Distrito y secretario de juzgado.

Sin embargo, fue en enero pasado cuando inició un procedimiento disciplinario de oficio contra ambos por conductas constitutivas de probables irregularidades en su desempeño en el juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón.

A Jerezano se le investiga por conceder 22 amparos que otorgó de 2006 a 2011, algunos relacionados con casinos, en los que hallaron presuntas irregularidades en sus resoluciones.

Además se detectó una situación aparentemente anómala en su patrimonio en cuentas y bienes millonarios de su esposa y suegra en Texas, lo que desencadenó que la DEA abriera una línea de investigación simultánea en Estados Unidos.

Es el mismo juez que generó que la Segob cerrara el casino La Fortuna en diciembre pasado por presunto lavado de dinero, luego de que una denuncia estableciera que Jerezano se apoderó del negocio a través de prestanombres mediante el secuestro de uno de los accionistas, actualmente encarcelados en el penal de Cadereyta.

El desfile de funcionarios investigados continúa con Ricardo Hiram Barbosa Alanís, juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, que fue suspendido también en ese entonces.

Sin embargo, la Judicatura inició un procedimiento administrativo en su contra apenas a principios de este año para ser investigado por conceder suspensiones definitivas y provisionales irregulares de amparo a casas de apuestas.

Además del juez, fue impuesta la misma sanción a sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González por estar bajo sospecha de conductas delictivas vinculado a fallos del mismo giro.

En marzo de 2011, el entonces alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, interpuso quejas ante la Judicatura para denunciar al juez Barbosa Alanís por resoluciones y fallos a favor de la operación de los casinos, entre ellos, el Sportzone, de Entretenimiento de México, propiedad de Rojas Cardona.

En la lista de jueces que la PGR tiene bajo sospecha de presuntos nexos con casinos se ubica a Rogelio Cepeda Treviño, y su secretario Juan Miguel García Malo, del Juzgado Segundo de Distrito de Saltillo, y Guillermo Amaro Correa, que estaba al frente del juzgado cuarto en Torreón, según publicó la prensa nacional el 26 de marzo pasado.