Abaratan indemnización para casos de homicidio

Legisladores locales permitieron que el pago por reparación del daño baje de casi un millón a 300 mil pesos; lo aprueban el mismo día en que NL endureció sanciones a conductores ebrios.
Porque la afectación al culpable y a su familia sería excesiva, como en los accidentes viales,  parte de los argumentos para avalar la reforma.
Porque la afectación al culpable y a su familia sería excesiva, como en los accidentes viales, parte de los argumentos para avalar la reforma. (Archivo)

Monterrey

Los intereses económicos de las aseguradoras fueron más importantes para los legisladores que la vida de las personas que fallecen en un accidente automovilístico.

Sin hacer mucho ruido, permitieron la modificación del pago por indemnización, bajando de casi un millón a casi 319 mil pesos, una reducción de más del  60 por ciento.

Una iniciativa presentada por tres ex regidores de Apodaca:  Javier Ambriz Sánchez, Israel Cantú Ocañas y Alejandro Ibarra Cárdenas, así como Sebastián Domínguez Loya (taxista agremiado a la CTM) pasó de comisiones al Pleno y modificó el artículo 144 del Código Penal relativo a la reparación de daño.

Este artículo sostenía, que en la reparación del daño, los jueces fijarían una multa de hasta tres tantos lo que establece la Ley Federal del Trabajo en caso de muerte del trabajador.

Es decir, en cualquier homicidio, debían de recibir un pago de cinco mil salarios mínimos diarios que son 63.77 y el total de eso multiplicado por tres, lo cual daba una cantidad de 956 mil 550.

Sin embargo, esa situación cambió a partir del 30 de octubre del 2014, cuando la reforma aprobada por los diputados se publicó en el Periódico Oficial.

Las nuevas condiciones del pago de la reparación de daño que autorizaron los representantes del pueblo establecen que, ahora, los deudos van a recibir únicamente el pago de los cinco mil salarios mínimos, lo cual en total da una cantidad de 318 mil 850 como pago de reparación de daño.

La determinación y aprobación de los legisladores va a favorecer a los responsables de provocar una muerte culposa o violenta, porque el pago de la reparación del daño se les disminuyó 637 mil 700 pesos.

Por lo que, él o los presuntos responsables que hayan incurrido en esos delitos antes del 30 de octubre del 2014, están obligados a cubrir casi el millón de pesos que les exigía la ley como pago de reparación de daño.

Los que gozarán de la reforma son los que incurrieron en cualquier tipo de homicidio, a partir del primer minuto del día 30 de octubre, cuando se hizo pública oficialmente.

El cambio en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, se realizó durante el año 2013, cuando ésta aún era presidida por el panista Adrián González, pero la reforma fue llevada al pleno el 7 de octubre, apenas hace un par de meses, y fue integrada en un gran expediente de iniciativas de reformas al Código Penal, logrando que pasara desapercibida.

El asunto fue votado, el mismo día que a la reforma enviada por el gobernador del estado, en el que las sanciones para los conductores ebrios se endurecieron.

Los diputados aceptaron los argumentos de los promoventes que señalaron altos costos en las primas, a partir de la modificación a la Ley Federal de Trabajo.

Según el diario de debates número 220-LXXIII S.O. del martes 7 de octubre, del primer periodo de este año se señala que: “se sufre un drástico aumento en cuanto al número de salarios”.

“La cual debe ser proporcional a la necesidad de la víctima y la capacidad de quien esté obligado a pagarla, sin que pueda a llegar a constituir una suma que lesione los legítimos derechos de la familia que infiera el daño, sostienen que de mantenerse así, los seguros de daños a terceros no cubrirán la cantidad citada, y en caso de hacerlo las primas sufrirán un aumento del mismo porcentaje ocasionando así un perjuicio en la economía de los ciudadanos”.

Insisten que se trataría de una afectación patrimonial excesiva al culpable y su familia.

Argumentan que al ser el monto tan alto, repercutirá en las decisiones que tomen los jueces dentro de los procesos penales por concepto de reparación de daño, y que el incremento resulta desproporcionado por lo que dejaría “en estado de indefensión a las personas sujetas a proceso penal por el delito de homicidio culposo”.

En resumen, protegieron la economía y bolsillos de los culpables en perjuicio de los familiares de una persona fallecida por su causa.