Violaciones a DH, plan de defensa de empresas

Aunque reforma pasó en Congreso, ni SAT ni Hacienda están listos para cambios, señala.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver las controversias al respecto.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver las controversias al respecto. (Cuartoscuro)

Monterrey

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame-Elizondo, dijo que próximamente, las empresas se preparan para iniciar los juicios de amparo, y así defenderse contra una de las legislaciones fiscales más agresivas de los últimos tiempos. A principios de febrero se espera que se presenten los primeros juicios de amparo.

Los juicios de amparos principalmente se centrarán en tres aspectos: contra la deducibilidad parcial en el rubro de previsión social, donde la autoridad hacendaria topó hasta el 53 por ciento. Para las compañías, esta medida por sí sola es un agravio.

El otro segmento son las empresas del sector alimentos, quienes se ampararán contra la aplicación del 8 por ciento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los productos catalogados como "chatarra".

El último rubro son los corporativos, que consideran ir contra el nuevo régimen de integración, que sustituyó al de consolidación fiscal, dado que quieren seguir con el anterior.

Apelarán en su defensa violaciones a los derechos humanos de los contribuyentes y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la instancia que resolverá al respecto.

Así, a ocho días del inicio de 2014, las empresas están a marchas forzadas analizando en qué áreas o renglones harán ajustes, ya sea en sus planes de inversión o empleo, mencionó el abogado fiscalista.

Dijo que las empresas les han manifestado que están evaluando en qué áreas pueden recortar gasto para poder sortear el aumento de impuestos, pues el impacto fiscal será muy alto.

"Ahorita están haciendo sus ajustes para poder determinar en dónde van a recortar, si lo van hacer en la parte de personal o en inversiones", dijo.

Estimó que podrían ser miles los amparos que se van a promover. La reforma fue muy agresiva y la única vía que queda es justamente este recurso legal, explicó.

Señaló que si bien es cierto que la reforma fiscal pasó en el Congreso, en la realidad ni el propio SAT y Hacienda estaban preparados para su implementación, menos aún el contribuyente para cumplir con todas las obligaciones, por eso se están dando prorrogas.

"La misma autoridad se topó con una serie de realidades que están viendo. Por ejemplo, su propio sistema no está preparado y muestra de esto es el tema del buzón tributario. Nos dicen que todavía no está operando, y que entrará en vigor hasta mediados de año para personas morales y para personas físicas hasta el año que entra.

"El otro tema es la facturación electrónica, ahora la aplazaron hasta abril porque ni siquiera los proveedores de servicios están preparados", añadió.

El también presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, señaló que la aplicación de la ley fiscal fue tan brusca y rápida que los mismos sistemas no se han actualizado, lo que tuvo como consecuencia que la autoridad deba reconsiderar y aplazar las diversas obligaciones fiscales establecidas, reiteró.

"Lo que va venir sucediendo es que van a darse cuenta que la recaudación no es lo que esperaban, además va a haber una contracción económica y finalmente se van a dar cuenta que se debe al excesivo aumento de impuestos que hubo en este año y tendrán que reconsiderar para el año que entra en algunos aspectos", enfatizó.

De los argumentos

Las empresas están en proceso de armado de los amparos, analizando cada caso particular, cuáles son las diferentes disposiciones legales que les agravian para estar en posibilidad de promover el juicio de amparo dentro de los 30 días siguientes en que entró en vigor la norma.

Para las empresas, el nuevo régimen de integración sólo les da el beneficio por 3 años y el otro régimen era más favorecedor, y sienten que tenían un derecho ya adquirido porque venían tributando de acuerdo a ese régimen, explicó.

Otro punto que enumeró el especialista fiscal es que la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se contemplaba que para este año bajara su tasa del 30 al 28 por ciento, sin embargo, ésta subió a 35 por ciento en el caso de personas físicas, y para las morales al 30 por ciento.

"Esta disposición es violatoria de garantías porque ya se tenía el derecho a pagar el impuesto de esa forma; es decir, ya estaba en la ley, ¿qué fue lo qué pasó? Simplemente fue un plumazo, aprobaron esa ley y pasaron por alto que ya se había adquirido ese derecho por parte de los contribuyentes, así que esto también se va a meter como argumento", dijo Elizondo Ríos.