Síndica 'brinca' funciones y 'juega' contra municipio

Irasema Arriaga Belmont entregó una constancia de no afectación de bienes inmuebles a Jorge Cantú Salinas, por el predio que se ubica en las avenidas Prolongación Madero y Churubusco.

Monterrey

La síndica segundo de Monterrey, Irasema Arriaga Belmont, excedió los límites de sus atribuciones para beneficiar a un particular y de paso dar la estocada final al Ayuntamiento que ella misma representa al dejarlo perder en tribunales un juicio millonario.

Arriaga Belmont entregó una constancia de no afectación de bienes inmuebles a favor de Jorge Cantú Salinas, quien en ese momento tenía abierto un juicio de revisión contra el municipio por una supuesta invasión de terrenos en el cruce de Prolongación Madero y Churubusco, en los límites de Monterrey y Guadalupe.

El documento fue clave para que el demandante ganara un juicio que tenía en contra del municipio y por el cual accedió a una indemnización de 38 millones de pesos.

El problema es que la entrega y gestión de este tipo de documentos no es atribución de Arriaga Belmont.

Según el amparo de revisión 304/2012, con sede en el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Distrito en Materia Administrativa, de cuyo expediente MILENIO Monterrey tiene una copia, el 22 de agosto de 2013 Jorge Cantú Salinas solicitó una constancia de no afectación de bienes inmuebles a la Tesorería Municipal a través de su Dirección de Patrimonio el 22 de agosto de 2013.

El documento era para utilizarse dentro del juicio que llevaba contra el municipio por una supuesta invasión a un predio que heredó en el mencionado cruce.

Sin embargo, no fue el director de Patrimonio, Aldo Cázares, ni ninguna otra área de la Tesorería la que respondió el oficio, sino que fue la síndica quien el 24 de octubre firmó un oficio sin foliar en hoja membretada de la Secretaría de Finanzas dirigida al demandante.

"Se determinó que los bienes inmuebles en referencia no estarían afectando bienes del dominio público municipal, lo anterior, de conformidad con las documentales públicas arriba citadas.

"Por lo anteriormente expuesto, se extiende la presente constancia de no afectación (...) para los fines que al interesado convengan", señala el escrito.

El documento lo firma Arriaga Belmont en calidad de síndica segundo de Monterrey.

La fracción II del artículo 8 del Reglamento Orgánico de Gobierno Municipal de Monterrey, marca que la representación legal del municipio para pleitos y cobranzas recae sobre el alcalde, en conjunto con el síndico segundo, no en este último por sí solo.

En tanto, el mismo reglamento otorga a la Tesorería Municipal las facultades para el manejo de la adquisición, enajenación y control de inmuebles que forman parte del patrimonio del municipio; mientras que a la Secretaría de Desarrollo Urbano corresponde auxiliar en las demandas que recaigan sobre sus áreas, también en coordinación con el síndico, que en este caso tampoco puede actuar de modo independiente.

Pero más allá de la invasión de competencias, el escrito que firmó la síndica fue pieza fundamental para que Cantú Salinas ganara el juicio por invasión que mantenía contra el municipio desde el 27 de diciembre de 2011.

Según consta en la sentencia que emitió el Tribunal el 13 de marzo de 2014, Cantú Salinas incluyó el oficio como prueba superviniente para demostrar que el municipio no le había pagado afectaciones por la invasión de su terreno al ampliar Prolongación Madero.

"De ese documento se puede advertir que la autoridad reconoce que el predio no se encuentra afectado y, sin embargo, los dictámenes periciales revelan que así es", señala el expediente en su foja 60.

Este juicio le costó a Monterrey 38 millones de pesos por concepto de indemnización que ordenó el Tribunal Colegiado, reconoció Margarita Arellanes en junio.

En archivos periodísticos consta que el 12 de junio de 2014, los regidores del PRI en el Cabildo regio exigieron que se investigara el caso, pues sospechaban que el municipio se había "dejado perder".

La sospecha era porque el 9 de enero el Ayuntamiento anunció que tendría que pagar una indemnización por 62 millones pesos al mismo demandante, también por una invasión de predio en el cruce de la avenida Constitución y Constituyentes de Nuevo León.