Secretaría de Seguridad y PGJE encabezan el listado

A lo largo de poco más de dos años, estas dependencias estatales han acumulado 200 y 130 quejas, respectivamente.
La SSP ocupa el primer lugar en reportes.
La SSP ocupa el primer lugar en reportes. (Carlos Rangel/Archivo)

Monterrey

Aunque sólo 44 por ciento de las denuncias tienen que ver con organismos dentro de la estructura del Gobierno central, con un total de 768, la dependencias con más señalamientos en la lista son parte de este sector de Gobierno.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado es la dependencia más denunciada ante la Unidad Anticorrupción, y a lo largo de 2 años ha recibido 200 quejas.

Le sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado con 130 y muy de cerca la Secretaría de Educación Pública con 100. La Secretaría General de Gobierno cuenta con 62 quejas.

Le siguen los organismos paraestatales, que junto con otros poderes del estado, autoridades federales y municipales acumulan el otro 55 por ciento de las denuncias.

En la cabeza de esta lista se encuentra la Agencia para la Racionalización y Modernización de Transporte Púbico con 44 y el Instituto de Control Vehicular con 36. Mientras que Agua y Drenaje acumula 15 y 20 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El Plan Anticorrupción, junto con la Unidad, fue dado a conocer por el gobernador Rodrigo Medina durante su segundo informe de Gobierno el 12 de octubre de 2011.

Uno de los proyectos incluía la creación de una bolsa económica de 30 millones de pesos para recompensas monetarias a los ciudadanos que evidenciaran actos de corrupción, quienes recibirían entre 5 y 20 mil pesos por ellos.

A la fecha no existe un registro de cuánto de esta bolsa se ha entregado a quienes presentan denuncias.

La Unidad Anticorrupción consta de 5 personas, con su titular María Narváez Tijerina, quien percibe un sueldo mensual de 72 mil pesos, y cuenta con 4 colaboradores más.

Entre ellos erogan sólo en nómina 145 mil pesos mensuales, aunque para su operación en 2014 contarán con casi 3 millones de pesos.

Uno de los casos más evidentes de corrupción en la administración pública fue la pérdida de 313 mil juegos de placas del Instituto de Control Vehicular, caso que aún sigue su curso, sin embargo, no todos los involucrados fueron sujetos a proceso.

De entre los inculpados, sólo Homero González se encuentra tras las rejas, mientras su hermano, Santiago Adrián, sigue prófugo de las autoridades, y Pedro Morales, quien era titular del ICV, fue exonerado.