Entre críticas, aprueba SP Mesas de Justicia en Desarrollo Urbano

El organismo se encargará de que quienes incurrieron en violaciones durante sus construcciones puedan corregir su situación; por su parte, el regidor priista, Alberto Santos, dijo que la mesa se ...
También se informó que quedó finiquitado el acuerdo que tenía el municipio con la empresa San Pedro Meters
También se informó que quedó finiquitado el acuerdo que tenía el municipio con la empresa San Pedro Meters (Carlos A. Rangel/Archivo)

San Pedro Garza García

En medio de críticas de regidores, por el “mugrero que hay en la Secretaría de Desarrollo Sustentable”, este miércoles fue aprobada por el Cabildo de San Pedro la propuesta del alcalde, Ugo Ruiz, de la creación de la Mesa de Justicia en Desarrollo Urbano, mediante la que invitarán a quien posean inmuebles cuyas construcciones sean irregulares, a que arreglen su situación con el municipio, sin necesidad de llegar a un juzgado.

Al concluir la sesión ordinaria de Cabildo, se informó que con este organismo que será compuesto por ciudadanos comunes, el municipio pretende que los dueños corrijan la violación en que incurrieron en su construcción, a pesar de haber violado reglamentos municipales.

La Mesa de Justicia será compuesta por un consejo ciudadano y uno académico, en el primero participarán el arquitecto, Ricardo Padilla; Ricardo Cantú, presidente de la organización No A Conducir Ebrio; Pilar Valdez, militante panista; Ernesto Chapa, vecino sampetrino y Jesús Ruiz Velasco, miembro del Consejo de Reconstrucción.

En el consejo académico colaborará: Víctor Zorrilla, presidente del Consejo de la Universidad de Monterrey; José Roble Flores, director de la Facultad Libre de Derecho, y Salvador Alva, rector del Sistema Tecnológico de Monterrey.

“Cinco ciudadanos estarán junto con los regidores validando el proceso de regularización de algunas de las construcciones que estamos viendo hoy, que presentan situaciones en donde algunas no iniciaron con los permisos correspondientes, pero que pueden regularizarse o que tienen alturas adicionales a las que en un principio tienen permitidas, pero que tienen diferenciales que entran dentro de lo regularizable”, declaró Ugo Ruiz.

Sin embargo, no precisó quienes tienen opción de regularizar, ya que sólo se limitó a mencionar que son los parámetros que marca el reglamento y que hay una serie de indicadores.

Dijo que del 1 al 15 de noviembre estará abierta la Mesa de Justicia para que acudan a solicitar su regularización quienes así lo deseen, y la autoridad tendrá un plazo de 60 días para revisar los casos.

“Depende de lo que estemos hablando, si estamos hablando de alturas o de remetimientos o de permisos, en fin, o de coeficientes de áreas verdes”, dijo.

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Críticas en Cabildo[/b]

Aunque la mayoría aprobó la creación de esta Mesa de Justicia, eso no impidió criticar el deficiente funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro.

El regidor priista, Alberto Santos Boesch dijo que este organismo ciudadano llegó cuando hay un desorden en San Pedro, y un mugrero en el rubro del desarrollo sustentable.

“Yo veo que esta mesa de la justicia llega hoy en un momento en el que el desorden en San Pedro llegó al punto máximo, San Pedro ya no aguanta más, está lleno de construcciones irregulares, permisos mal dados, en una palabra, es un mugrero lo que hay en desarrollo sustentable”.

Por su parte la edil panista, María Cristina Moreno, expresó que el Ayuntamiento es quien tiene el mandato ciudadano para resolver los problemas de este tipo y no en un espacio fuera de esta autoridad, como es el caso de esta Mesa de Justicia.

[b]Bajan pago de parquímetros[/b]

Durante otra sesión extraordinaria de Cabildo, también este miércoles por la tarde, se informó que quedó finiquitado el acuerdo que tenía el municipio con la empresa San Pedro Meters, y que además redujeron aún más el monto a pagar a esta compañía por rescindir el contrato y quedarse con los estacionómetros.

El municipio pagará 68.5 millones de pesos en vez de 72 que tenía contemplados, debido a que la empresa aún no adquiría algunos vehículos y otros activos que tenía contemplados en la cesión, y que al no entregarse provocaron la reducción del monto.