Promueven regidores del PRI juicio contra Margarita

Los ediles priistas indicaron que en al menos dos ocasiones no se han atendido sus posicionamientos, por lo que iniciaron la promoción de un juicio de Protección a los Derechos Político Electorales.
Regidores priistas de Monterrey iniciaron un juicio contra la alcaldesa de Monterrey.
Regidores priistas de Monterrey iniciaron un juicio contra la alcaldesa de Monterrey. (Roberto Alanís)

Monterrey

Por considerar que no se les permite el libre desempeño de su puesto, regidores del PRI del municipio de Monterrey denunciaron a la alcaldesa Margarita Arellanes ante el Tribunal Federal Electoral.

Es con la promoción de un juicio de Protección a los Derechos Político Electorales como se está buscando frenar estrategias que están fuera de la ley, que acusaron los tricolores ha utilizado la presidenta municipal en al menos dos ocasiones.

“Ante estas dos fragantes violaciones desde nuestro punto de vista es que acudimos aquí para solicitar la instauración de un juicio de Protección a los Derechos Político- Electorales del ciudadano, que de acuerdo a una tesis de la sala regional del Tribunal Federal Electoral argumenta que no se agota el derecho político electoral”, explicó Eugenio Montiel Amoroso, coordinador de los regidores tricolores del municipio regio.

Se trata de las sesiones de Cabildo del pasado 8 de agosto y del 28 de noviembre cuando supuestamente se infligió con sus derechos políticos, al no atender posicionamientos que realizaron los tricolores.

“Desde que inició esta administración, que encabeza la Alcaldesa Margarita Arellanes, se ha caracterizado por la intolerancia, sobre todo por los comentarios y señalamientos de los regidores del PRI”, señaló

“Lo que pensamos que no debemos de tolerar, y es por lo que estamos aquí, es cuando se trasgrede el marco jurídico”.

Esto ocurre pese a que según información del Trife un juicio de Protección a los Derechos Político Electorales procede cuando la persona considere que se le afectó algún otro derecho fundamental cuya violación impida el ejercicio de los de carácter político-electoral.

Esto incluye los derechos de petición, de información, de reunión, de libre expresión y difusión de las ideas, pero en materia electoral.

Según el procedimiento después de entregarlo en la Sala Regional del Trife, la denuncia debe pasarse a un magistrado, para que analice si procede o se desecha.

La respuesta, según la información en la página oficial del Tribunal, se debe obtener en un periodo de cerca de cuatro días.

Montiel Amoroso destacó que con la entrega del documento, también se busca establecer un precedente que les permita a los regidores exponer libremente sus temas en las sesiones y que se tomen en cuenta.