Promesas sin cumplir, sello del primer semestre en NL

Casos de corrupción, promesas incumplidas, crisis en el penal del Topo Chico y una desbandada de funcionarios, parte de lo que ha caracterizado al Gobierno.
El secretario general de Gobierno y los titulares que pidieron licencia en la UANL.
El secretario general de Gobierno y los titulares que pidieron licencia en la UANL. (Orlando Maldonado)

Monterrey

Casos de corrupción comprobados y otros que se investigan, errores en nombramientos y casos polémicos en la integración del Gabinete son temas que han marcado los primeros seis meses de la actual administración estatal que encabeza Jaime Rodríguez Calderón.

Incumplimiento de promesas como la de cancelar el proyecto hidráulico Monterrey VI, brindar transporte gratuito a estudiantes y adultos mayores, así como realizar viajes nacionales e internacionales para promover su imagen como figura independiente han generado cuestionamientos.

Jaime Rodríguez Calderón inició su administración con errores en los nombramientos de Eduardo Santos y Augusto Cruz Morales como directores del DIF y Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), respectivamente, por no cumplir con los requisitos que marca la ley.

Posterior a ello se desataron una serie de peleas con el Congreso del Estado, municipios, organismos de la sociedad civil e integrantes de la iniciativa privada por diferencias en el retiro gradual de la tenencia, regreso de la verificación vehicular y la negación para darle más recursos a los municipios en la Ley de Coordinación Hacendaria.

Una vez concluidos estos temas, al mandatario estatal se le comenzó a desintegrar su Gabinete con la desbandada de al menos ocho integrantes justificando motivos de salud, proyectos personales, las pifias antes mencionadas y presuntos actos de corrupción.

Por motivos de salud pidió su renuncia el entonces presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Ismael Rodríguez Campos y Julio César Martínez Castillo de la Secretaría del Trabajo.

Por proyectos personales se fueron Verónica Sada de la Subsecretaría de Energía de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alfredo Treviño Pérez renunció a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana y Miguel Treviño de Hoyos pidió ser dado de baja de la Oficina del Gobernador.

Mientras tanto, por supuestos actos de corrupción dejó su cargo Rogelio Benavides Pintos, entonces subsecretario de Administración del Estado, luego de la polémica por las presuntas compras infladas de cobijas en la pasada temporada navideña.

Masacre en penal

Además, Rodríguez Calderón enfrentó en estos primeros seis meses la peor de las masacres en la historia de Nuevo León al llevarse a cabo el pasado 11 de febrero una riña en el interior del penal del Topo Chico, lo cual dejó como saldo 49 personas muertas.

Dicho suceso causó la atención de la prensa nacional e internacional, así como las críticas a su administración por no actuar en tiempo y forma en la despresurización de los Ceresos de Nuevo León, pese a que se había solicitado.

Funcionarios 'dobleteros'

Otro de los temas que causó críticas de la opinión pública fue el de cuatro funcionarios de primer nivel que dobleteaban sueldos en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y en el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud; Esthela Gutiérrez, secretaria de Educación; Luz Natalia Berrún, secretaria de Desarrollo Social; y Nora Elia Cantú, contralora del Estado, son quienes apenas la semana pasada anunciaron pedir licencia sin goce de sueldo a la UANL.

Antecedentes polémicos

El procurador de Justicia, Roberto Flores, fue evidenciado en un medio nacional de haber sido fichado en Las Vegas, Nevada, por pasar supuestamente cheques sin fondos al tener deudas con casas de apuestas de aquella localidad.

En tanto, Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción, fue también evidenciado acusado de realizar un fraude fiscal por seis millones de dólares a la ex esposa de Emilio Azcárraga Milmo, Paula Cusi.

Monterrey VI

Otro de los temas que ha causado el enojo de organizaciones civiles y ciudadanía en general es el incumplimiento por parte del gobernador para cancelar el proyecto hidráulico de Monterrey VI, ello, al seguir viva la concesión para traer agua del río Pánuco.

El mandatario estatal fue de a poco cambiando su discurso al asegurar que "la concesión del río Pánuco es el único abastecimiento de agua seguro que tiene Nuevo León para los siguientes años", e inclusive añadió que "seríamos unos idiotas si no aprovechamos esa concesión".