Preocupante que autoridades no hayan escuchado alertas: ONG

México Evalúa urgió a las autoridades tanto federales como estatales para que se responsabilicen por las deficiencias identificadas.
Cárcel es un foco rojo, señalan.
Cárcel es un foco rojo, señalan. (Carlos Rangel)

Monterrey

México Evalúa urgió a las autoridades tanto federales como estatales para que se responsabilicen por las deficiencias identificadas desde hace años por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en sus penales.

Consideró que resulta preocupante que las alertas de la CNDH en torno a las serias vulnerabilidades en la seguridad en la cárcel de Topo Chico hayan sido sistemáticamente ignoradas por las autoridades estatales de Nuevo León.

Afirmó que las condiciones que detonaron el motín en Topo Chico son similares a las que subsisten en la mayoría de los centros de privación de la libertad del país.

"El motín de Topo Chico, que cobró la vida de al menos 49 internos la noche del miércoles, debe servir de señal de alarma sobre la situación crítica del sistema penitenciario en México", expresó la ONG.

Por lo anterior, México Evalúa consideró que los hechos violentos acontecidos en el Penal de Topo Chico hacen urgente que el Congreso apruebe sin más dilación el anteproyecto de dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que lleva congelado más de un año en el Senado.

Señaló que esta iniciativa tiene el potencial de mejorar las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios, garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los internos.

La ONG mencionó que desde hace al menos un lustro,el penal del Topo Chico, que concentra la mitad de la población penitenciario del estado, presenta debilidades estructurales en condiciones clave como su gobernabilidad (con una calificación reprobatoria en 2014).

México Evalúa, refirió que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) realizado por la CNDH, la cárcel de Topo Chico constituía un claro foco rojo: el personal de seguridad y custodia era insuficiente (calificación de cero), los internos podían ejercer violencia o control sobre el resto de la población (calificación de cero) y se encontraron sustancias y objetos prohibidos (calificación de 1.63). En resumen, las autoridades no tenían control sobre lo que ocurría al interior del centro ya que la calificación relativa al control de seguridad fue de 2.19.

Esta evaluación demuestra que las autoridades no logran cumplir con su mandato constitucional de garantizar que las cárceles sean espacios dignos y seguros.

"Difícilmente lograremos pacificar las cárceles mexicanas si en ellas permitimos que la propia autoridad cometa delitos y si permitimos espacios de autogobierno y corrupción", subrayó la organización.