El Poder Judicial será "réferi" entre gobiernos

Ordenan a Congreso crear ley para dirimir conflictos entre autoridades. La determinación implica resolver una laguna legal pendiente desde hace más de 10 años y fija a los diputados locales plazo ...

Monterrey

El Poder Judicial de Nuevo León tendrá que ponerse la camiseta de árbitro y resolver los conflictos que se den entre el Gobierno Estatal y los municipios, o con el Congreso local y los organismos descentralizados.

Lo anterior después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara ordenar a la LXXIII Legislatura que resuelva una laguna legislativa pendiente desde hace más de una década.

El mandato de la corte da a los diputados del Congreso del Estado hasta junio de 2014 para que aprueben y publiquen una nueva ley reglamentaria que regule los conflictos entre autoridades.

Ello gracias a la promoción de una controversia constitucional, con número de expediente 74/2011, promovida por el municipio de San Pedro Garza García contra el Congreso del Estado.

Conocido como Control Constitucional y previsto en el artículo 95 de la Carta Magna local, traerá consigo la creación de una estructura de minicorte en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Lo anterior, además de significar cambios en la estructura del Poder Judicial, implicará crear nuevos departamentos y dependencias, por lo que la repercusión en el presupuesto será importante.

El Tribunal Superior de Justicia, actuando en Pleno, tendrá jurisdicción total para conocer y resolver la controversia de inconstitucionalidad local, y de la acción de inconstitucionalidad local.

Desde año 2003, el Congreso local fue ordenado por la SCJN para que legislara sobre el tema, y se realizaron cambios en la Constitución del Estado para dar cabida a la resolución de estos conflictos.

Sin embargo, nunca se emitió una ley reglamentaria que aclarara cómo es que iba a funcionar; aunque en la Legislatura LXXI se llevaron a cabo intentos por aprobarla, ésta quedó sólo en primera vuelta y no ha sido llevada nuevamente al Pleno.

Una controversia de inconstitucionalidad se puede interponer cuando un municipio prevea que el Estado está transigiendo su competencia, o viceversa. Esto también funcionará para los organismos descentralizados del Gobierno Estatal.

También permitirá a las autoridades municipales resolver conflictos con el Congreso local, cuando éste disponga a partir de las leyes retirarle o atribuirle obligaciones que no correspondan a su mandato constitucional.

Adicionalmente también contemplaría que los regidores de un ayuntamiento pudieran inconformarse contra las normas y reglamentos expedidas por los Cabildos correspondientes.

Esta acción también podrá promoverla el Procurador de Justicia del Estado, pero no el Poder Judicial.

Las sentencias que dicten estas minicortes para resolver una controversia de inconstitucionalidad local o una acción de inconstitucionalidad local, tendrán efectos generales en todo el estado cuando sean votadas por la mayoría calificada que determine la ley reglamentaria.