Plantean que sea la población quien atienda los casos

Se podría integrar un modelo de seguimiento inspirado en el CIC, considera el CCINLAC.
Sandrine Molinard, directora del CCINLAC
Sandrine Molinard, directora del CCINLAC (Leonel Rocha/Archivo)

Monterrey

La inacción por parte de la Unidad Anticorrupción que existe en el Gobierno Estado motivará la creación de una iniciativa ciudadana para recibir y dar seguimiento a quejas contra servidores públicos, indicó Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico de las Instituciones (CCINLAC).

Señaló que estaría inspirado en el modelo que tiene el CIC (Centro de Integración Ciudadana) con las denuncias sobre infraestructura urbana y servicios públicos, pero enfocado a la corrupción.

"Si esta Unidad Anticorrupción existe desde hace dos años y no se ha sancionado ningún caso de corrupción de manera abierta y transparente y los casos emblemáticos que todos conocemos, como el Instituto de Control Vehicular sigue sin resolución, los ciudadanos perciben que los verdaderos responsables no han pagado por este delito, no hay mucho incentivo", dijo.

Explica que al CCINLAC han llegado ciudadanos con algún caso, y cuando son referidos a este órgano señalan que no les tienen confianza porque

"son de los mismos", lo cual ha motivado en gran medida contar con una unidad propia de recepción de quejas.

Molinard dijo que mientras a nivel federal, el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto incluye independencia y autonomía en una unidad anticorrupción, a nivel local no existe esta visión y eso genera decepción por parte del ciudadano.

Adicionalmente se envía el mensaje de que es más importante

"cuidar a los funcionarios públicos o protegerlos" que servir a los habitantes del estado.

"Entre diputados, funcionarios y etcétera, es como un interés de gremio, no querer que las cosas cambien por el gremio de las personas que andan en la política y no afectarse a sí mismos ni sus intereses", señaló.

Afirmó que lo único que puede modificar la actual opinión que se tiene sobre esta unidad es observar que existan sanciones reales, sobre todo de aquellos casos más emblemáticos que han salido a la luz en los medios de comunicación.

En resumen, la voluntad política que permita a los ciudadanos percibir que a las autoridades realmente les preocupa el problema de la corrupción la impunidad, indicó.

Adicionalmente serían necesarias reformas a las leyes existentes, abundó, pues actualmente las sanciones administrativas, por ejemplo, quedan a criterio del superior jerárquico.

"De las 86 sanciones administrativas que se reportaron el año pasado por la unidad, habría que ver cuántas realmente se aplicaron, porque no significa que esto haya pasado.

"Además habría que ver si se trataron sólo de apercibimientos o algo más", indicó Molinard.

Agregó que la información de las quejas deben ser más transparente y publicitarse de un modo más accesible por lo menos en los portales electrónicos, y que se den a conocer los nombres de los funcionarios sancionados.

Recordó que hace muy pocos meses transcendió que un funcionario público inhabilitado por el Gobierno Federal, se desempeña ahora en un gobierno municipal, situación que manda un mensaje muy negativo a los ciudadanos.

"Ese tipo de mensajes que mandan los municipios cuando contratan personas inhabilitadas en otro nivel de gobierno no abona para darle confianza a la ciudadanía", puntualizó.