Pide CNDH resarcir por matanza de reos

El organismo determina que el Gobierno del Estado debe reparar el daño a las familias de los muertos el 19 de febrero de 2012, y presentará una queja contra empleados estatales que obstaculizaron ...

Monterrey

El Gobierno del Estado deberá indemnizar a los familiares de los 44 reos asesinados en la matanza del 19 de febrero de 2012 en el penal de Apodaca, según la recomendación 40/2012 que arrojó esta semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al considerar que los elementos de custodia del Penal no sólo no intervinieron en salvaguardar la integridad física de los reclusos, sino que además facilitaron la fuga y solicitaron apoyo externo dos horas después de iniciado el motín, el organismo nacional consideró al estado responsable de la tragedia.

Fuentes de la administración estatal confirmaron que el Gobierno de Rodrigo Medina ya fue notificado y que la recomendación se encuentra en análisis dentro del área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública.

La primera recomendación dirigida específicamente al gobernador de Nuevo León señala: “Instruya a quien corresponda, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para reparar el daño a los familiares de los internos fallecidos en el incidente suscitado el 19 de febrero de 2012 en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, o a quien corresponda conforme a derecho, con motivo de la responsabilidad institucional en que incurrieron los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León”.

Asimismo solicita la colaboración del estado en la queja que el organismo presentará ante la Contraloría para que se investigue y sancione la actuación de servidores públicos en conductas de omisión de su labor e incluso obstrucción de la labor de investigación de las autoridades federales y de la misma CNDH.

También le solicita que gire instrucciones para que se instruya y capacite mejor a los agentes del Ministerio Público en la investigación del fallecimiento de personas privadas de la libertad independientemente del tipo de muerte, con el propósito de salvaguardar los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y procuración de justicia de sus familiares, y se informe de esta circunstancia a esta Comisión Nacional.

En la recomendación emitida también se exige al Gobierno Estatal condiciones penitenciarias dignas que garanticen una estancia segura y sin hacinamiento de los reos, así como capacitación del personal de custodia.

Sobre este tema, solicita que le sean enviados comprobantes de cumplimiento.

“Se ordene a quien corresponda para que se proporcione capacitación continua al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León para atender contingencias o motines en los Centros Estatales, con el objeto de que se garantice el irrestricto respeto a los derechos humanos, y se remitan a esta institución las pruebas que acrediten su cumplimiento”, dice el documento.

También solicita que se expida un protocolo de procedimientos sobre la atención por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León en contingencias o motines en los Centros de internamiento a fin de que se garantice el irrestricto respeto a los derechos humanos y se remitan las constancias respectivas a esta institución nacional.

El estado tendrá un término de 15 días hábiles para responder a la CNDH sobre la aceptación de estas recomendaciones.

Los puntos básicos…

Instruir a quien corresponda a tomar las medidas necesarias para reparar el daño a los familiares de los internos fallecidos.

Presentará una queja ante la Contraloría por la omisión y obstrucción de la investigación de las autoridades federales y la misma CNDH por parte de servidores públicos.

Solicita girar instrucciones para que se instruya y capacite a los agentes del Ministerio Público en la investigación del fallecimiento de personas privadas de la libertad.

Exige al Gobierno Estatal condiciones penitenciarias dignas que garanticen una estancia segura y sin hacinamiento de los reos, así como capacitación del personal de custodia.

Sobre este tema, solicita que le sean enviados comprobantes de cumplimiento.

Solicita que se expida un protocolo de procedimientos sobre la atención por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Pública en contingencias o motines en los Centros de internamiento.

El estado tendrá un término de 15 días hábiles para responder a la CNDH sobre la aceptación de estas recomendaciones.

Los hechos

El 19 de febrero de 2012 un grupo de internos del penal de Apodaca asesinó a 44 de sus compañeros sin que el personal de seguridad del centro penitenciario hiciera algo por impedirlo.

Esto provocó que se iniciara un proceso por parte de los organismos de derechos humanos, finalmente fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien emitió la recomendación.

En ese sentido, la CNDH señala al estado como responsable de la masacre, debido a que era su deber garantizar la integridad física de los internos en el penal apodaquense.