Panistas toman estrategia de jurisprudencia en Morelos

Acudirán ante instancias judiciales a nivel federal para buscar ajustes en la legislación.

Monterrey

La estrategia legal que emprenderán los municipios metropolitanos panistas en materia de transporte tiene un antecedente positivo en la Suprema Corte de Justicia, que determinó en 2011 que los municipios deben gozar de una participación efectiva en la formulación y aplicación de programas en materia del transporte.

Lo anterior derivado de una controversia constitucional promovida por el municipio de Zacatepec, Morelos, que en 2008 presentó esta querella contra el gobierno en turno, debido a la entrega desmedida de concesiones para transporte público.

En su momento, fue el magistrado José Ramón Cossío Díaz el encargado de presentar esta ponencia, misma que fue avalada por la totalidad de los magistrados presentes, haciéndola unánime.

La tesis 19/2008, que sentó jurisprudencia, dice que "...la atribución constitucional al municipio de facultades de participación efectiva en la formulación de programas de transporte público de pasajeros que afecten al ámbito de su jurisdicción, implica que la ley no puede prever y regular dicha participación municipal en los términos que desee".

En resumen, confirma que las leyes en la materia no deben contemplar a la autoridad municipal como consultor con derecho a voz, pero sí tomar en cuenta sus opiniones.

La Constitución Federal en el artículo 115 otorga a los municipios del país, en su fracción V, inciso H, la facultad de: "intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial".

En base a esta prerrogativa, la ofensiva de los alcaldes buscará modificaciones a la Ley Estatal del Transporte, para declarar inconstitucional las fracciones I y II del artículo 10 que dan al Ejecutivo la presidencia de Consejo del Transporte con Facultades para designar o remover al presidente.

Además buscan sacar del Consejo al titular de la Agencia Estatal que funge actualmente como vicepresidente.

Por otro lado, señalarán las contradicciones la Ley del Transporte que en su artículo 3 les da la atribución de intervenir en programas de transporte público, territorial, pero en el artículo 20 señala que el Plan Sectorial de Transporte y Vialidad es una atribución sólo de la Agencia, Metrorrey y la Secretaria de Desarrollo Sustentable.