En un año, PGJE sólo consigna a dos por desaparición forzada

En NL, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos solicita al Poder Judicial revisar la legislación internacional y su jurisprudencia.
Se debe encontrar la verdad de los hechos, no nada más sancionar a responsables, señaló Morales.
Se debe encontrar la verdad de los hechos, no nada más sancionar a responsables, señaló Morales. (Francisco Zúñiga)

Monterrey

A un año de la tipificación del delito de desaparición forzada, sólo se han logrados dos consignaciones que han sido "rebotadas" en los tribunales, ya que los jueces no han considerado que encuadre este tipo penal.

El reporte de personas desaparecidas por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), informó la titular del organismo, Consuelo Morales, es de mil 134 personas en 270 casos; de ellos, sólo 76 pueden encuadrarse en la situación de desaparición forzada, ya que se puede comprobar la participación de autoridades.

En relación a las personas localizadas, cuyos casos son de 2009 a la fecha, se cuentan en 76, de las cuales 46 han aparecido vivas y 26 mediante el hallazgo de sus restos y el cotejo de tomas de ADN.

Se informó que de estos casos, nueve han sido localizados en prisión, ocho fueron librados y un número igual logró escapar de sus captores.

Cuatro personas estaban detenidas, tres arraigadas, dos fueron rescatadas y un par más localizadas en centros de salud.

El resto ha sido ubicado en diversas circunstancias o ha regresado por cuenta propia sin dar detalles.

Sólo en 2013 han llegado a las oficinas de esta organización 16 casos, de los cuales 12 sufrieron este delito, pero ya fueron hallados.

"Esto quiere decir que si se configuró el delito penal, es decir, fueron sustraídos por autoridades y a sus familias se les negó su ubicación en determinado momento", dijo Morales.

Personal de CADHAC solicitó al Poder Judicial que revise la legislación internacional y su jurisprudencia antes de decidir sobre este tipo de casos, pues mientras los ministerios públicos hacen la investigación pertinente, esto no permea a los tribunales.

Si bien señaló que la Procuraduría General de Justicia estatal ha consignado y logrado el procesamiento judicial de funcionarios públicos que han privado de la libertad a particulares, lo han hecho bajo el delito de secuestro.

Para la titular de CADHAC, esto se debe en gran parte a que las investigaciones se basaron únicamente en las denuncias y aplicaciones de los mismos inculpados.

Además de que la fundamentación jurídica que utilizan para aplicar el tipo está basada únicamente en la ley local y no en las Convenciones Internacionales firmadas por México.

"Falta profundizar en el tema de desaparición forzada y retomar las experiencias tanto de otros países como de las resoluciones de instancias internaciones", señaló.

Morales aseguró que uno de los fines principales de tipificar este delito ha sido encontrar la verdad de los hechos y el paradero de as personas, no sólo de sancionar a los responsables.

Debido a ello, en la ley se ofreció a los servidores públicos que colaboraran con la ubicación de la víctima, beneficios al momento de la sentencia, de allí la importancia en que el delito se tipifique como tal.

"Esto nos deja en evidencia que el problema sigue y que no se ha consignado a nadie por ello, y el delito fue pensado para tener la verdad, pero sobre todo, para localizar a las personas", dijo Consuelo Morales.