Organismos civiles inconformes con nueva Ley de Víctimas

Representantes de CADHAC y la FUNDENL indicaron su desacuerdo a la ley aprobada en el Congreso, debido a que, a su parecer, no se tomaron en cuentas las opiniones de familiares y víctimas, ...
Consuelo Morales, titular de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, dijo sentir sentimientos encontrados.
Consuelo Morales, titular de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, dijo sentir sentimientos encontrados. (Carlos A. Rangel)

Monterrey.-

Lograron detener la aprobación de la Ley durante dos semanas, que se hiciera un nuevo análisis y que al final se aprobaran 18 de las 23 modificaciones que solicitaron, pero los organismos civiles no quedaron del todo conformes con la Ley de Víctimas aprobada este miércoles en el Congreso.

Cada una por separado, las titulares de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Consuelo Morales; y de la Fundación Unidos por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, Irma Leticia Hidalgo, expresaron su sentir respecto a lo avalados en el pleno del legislativo.

Completamente inconforme porque a su parecer, no se tomó en cuenta la opinión de las familias de las víctimas y de las víctimas mismas, la representante del FUNDENL criticó mediante un comunicado que la iniciativa elimine parte de los derechos de las victimas contemplados en la Ley General.

“Una ley que no es consultada con las víctimas deja de ser una Ley de Víctimas…

“Denunciamos nuevamente que la Ley Estatal de Víctimas no cumple con fidelidad los derechos sustantivos que otorga la Ley General de Víctimas, sino que se realizaron modificaciones e hicieron reducciones de los mismos, en lugar de ampliar la protección”, se lee en el comunicado.

Así mismo rechazan la forma de elección del titular de la Comisión Ejecutiva, mediante designación del Gobernador con aval del Congreso, y además en un Comité o Sistema Estatal en donde las víctimas, según dijo, no tendrán representatividad pues no se conforman en las ONG y no se sienten representados por el Ejecutivo.

“No omitimos mencionar que el Ejecutivo del Estado no puede ser juez y parte, recordando que la Ley de Víctimas incluye a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, por lo que lamentamos y rechazamos se haya aprobado la intervención del Ejecutivo en la Elección de la Comisión Ejecutiva”.

Por su parte, la hermana Consuelo Morales expreso al término de la sesión “tener sentimientos encontrados”, porque aunque se logró un avance importante, no todas las observaciones que se hicieron fueron apoyadas por los diputados locales.

“Tenemos sentimientos encontrados, pero nos sentimos contentos porque una iniciativa ciudadana a nivel nacional como la Ley General de Víctimas, se ha logrado a pesar de todos los pesares que verdaderamente sea vigente en Nuevo León…

“No podemos decir que tenemos la perfección total, porque esta ley se hace por que es claro que las instituciones no funcionaron, ¿Quiénes van a dar el apoyo? Pues las mismas instituciones pero ahora obligados por la Ley de Víctimas”.

La principal oposición la mostró FUNDENL, quien hizo un llamado al Gobernador del Estado, Rodrigo Medina, para que aplique un veto a lo aprobado o sino, advirtieron, recurrirán a la promoción de amparos.

[b]Lo que pidieron que cambiara… [/b]

[b]Comisión Ejecutiva Colegiada[/b]

Los organismos defensores de víctimas del delito, primordialmente Cadhac, pugnaban porque la Comisión Ejecutiva fuera conformada por tres personas y no una como finalmente quedó aprobado.

[b]No intervención del Gobierno[/b]

Tal y como ocurrió a nivel nacional, se solicitaba que la Comisión Ejecutiva fuera independiente al Ejecutivo y que para la elección de su titular no interviniera el Gobernador del Estado.

[b]Mayores Derechos para las Víctimas[/b]

Los organismos como FUNDENL argumentaron que la Ley de Víctimas de Nuevo León reduce el número de derechos de las víctimas.

En vez de derecho a la investigación, Nuevo León reconoce sólo la fase de impartición de justicia por tribunales.

[b]Aplicación inmediata de la Ley[/b]

Algunos diputados como Eduardo Arguijo del PRD y Enrique Barrios del PAN, solicitaban que la entrada en vigor de la ley fuera inmediata como ocurrió a nivel nacional y no dentro de 6 meses como finalmente se aprobó.