Nuevas reglas pondrán bajo la lupa a notarios

La regulación, que entró en vigor en junio pasado, los obliga a tener un expediente de cada usuario que atiendan, y en caso de alguna irregularidad podrían ser sancionados con multas o con cárcel.

Monterrey

El desempeño de los notarios públicos del país estará bajo la lupa de las autoridades mexicanas, con la promulgación de la llamada ley antilavado, pues no sólo los obliga a tener un expediente de cada usuario que atiendan, sino que en caso de alguna irregularidad podrían ser sancionados con multas y hasta con cárcel.

No obstante, Gustavo González Fuentes, titular de la Notaría Pública 22, señala que esta medida es estricta, pero confiable, ya que permitirá conocer la procedencia y el destino de los recursos.

Sin embargo, la aplicación de dicha ley, cuyo nombre original es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, trae consigo una mayor demanda de trabajo y precisión no sólo para los notarios, sino para toda la población cuya labor se encuentre dentro de las denominadas actividades vulnerables.

Además, a consideración de González Fuentes, las sanciones por incumplimiento de la regulación, son severas al grado de que los mismos notarios "se están jugando todo".

"Tenemos que hacer una estricta aplicación de la ley, porque hay muchísimo en juego, no nos podemos prestar a salirnos de la aplicación estricta de esta ley", dijo

Explicó que las sanciones que aplica esta norma a los notarios van desde multas de entre 12 mil 529 mil pesos hasta 4 millones 209 mil 400 pesos, así como la cesantía de las funciones notariales, el pago de un porcentaje de entre el 10 y el 100 por ciento de la operación en la que se haya incurrido en una falta y en algunos casos hasta la cárcel.

"Se va a aplicar la ley de forma estricta, todos (los notarios públicos) tenemos la preocupación, estoy seguro que el gremio notarial va a aplicar de forma estricta la ley, y se va a preocupar por aplicarla y no salirse un ápice de su ocupación", agregó González Fuentes.

La demanda de trabajo también se incrementa, principalmente porque en adelante los notarios están obligados a formar un expediente por cada persona que atiendan, mismo que tendrán que resguardar por un periodo de cinco años, por si en algún momento dicha información es requerida por la autoridad.

"Varios compañeros mencionan que a lo mejor tienen que contratar más personas para que exclusivamente manejen el tema de las operaciones que se llaman vulnerables, tanto en la notificación que se tiene que dar al SAT, así como de la implementación de este sistema de expediente único", explicó.

No obstante, comentó que dicha ley es positiva para el país por varios factores; uno, porque era una exigencia internacional desde 1980, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco de Pagos Internacionales se unieron para hacer frente al problema del lavado de dinero.

Otros de los beneficios que González Fuentes detecta en la aplicación de esta ley es que con ello el país se encuentra dentro de los estándares internacionales en dicha materia; además, es considerado como una nación confiable en el sentido crediticio por el Banco Mundial.

Y, finalmente, porque reglamenta opciones que antes no se regulaban, incrementaría la recaudación, propiciaría la formalidad y, sobre todo, añadió, porque va a regular la procedencia y el destino de los recursos.

Aunque, en su opinión, también acarrea aspectos que podrían resultar negativos para algunas actividades que, aún siendo lícitas, sus operaciones financieras se manejan particularmente en efectivo.

González Fuentes mencionó que este tipo de actividades, que la ley distingue como vulnerables, pueden evitar incurrir en un falta al apoyarse en instrumentos financieros y hacer sus transacciones con la intermediación de una institución bancaria.

"Muchísimos países ya tienen la ley antilavado desde hace muchos años atrás. México estaba un poco rezagado en ese concepto", añadió el especialista.

Por otro lado, González Fuentes señaló que bajo la nueva normativa de la ley antilavado, que entró en vigor en junio pasado, desaparece la figura del prestanombres o el testaferros, comúnmente utilizada por la población; y en caso de realizarse una operación de esas características, los usuarios tiene la obligación de reportarlo.

Y agregó que con esta ley, los mismos notarios están obligados a reportar cualquier condición irregular, y comentar las condiciones a las personas que atiendan con el fin de evitar acciones ilícitas.

Cronología de la ley antilavado

1980 La ONU y el Banco de Pagos Internacionales se unen para encarar el lavado de dinero.

1989 Se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

1990 Se emiten 40 recomendaciones de la GAFI.

1996 Se incluyen en las recomendaciones operaciones ilícitas distintas del narcotráfico.

2000 México se integra a la GAFI.

2001 La ONU advirtió sobre la conexión entre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y agrega nueve recomendaciones.

2003 Se reconocen las recomendaciones como el estándar internacional.

2004 En México se crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

2006 Se incluyen obligaciones de reportar operaciones en efectivo de más de 100 mil pesos, enfocado hacia la banca y entidades financieras.

2007 El terrorismo se considera delito grave. La UIF plantea los objetivos de alcanzar los estándares internacionales hacia el 2012.

2008 El GAFI evalúa a México y se le hacen observaciones, entre ellas sobre el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2013 En junio entró en vigor en el país la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado.