“Estamos intentando que se garantice el derecho en todo el país”

Matrimonio Igualitario México colabora con diversas organizaciones LGBTTTI a lo largo y ancho de la República, ofreciendo asesoría y representación jurídica.
En diciembre del año pasado hubo protestas en el Congreso local ante la negativa de abrir el debate para  legislar en torno a estas uniones.
En diciembre del año pasado hubo protestas en el Congreso local ante la negativa de abrir el debate para legislar en torno a estas uniones. (Jorge López/Archivo)

Monterrey

La falta de legislación que permita a una pareja del mismo sexo a contraer matrimonio ha llevado a diferentes organizaciones de la sociedad civil a exigir este derecho por la vía judicial.

Matrimonio Igualitario México, dirigido por Alex Alí Mendez, ha conseguido fallos históricos en la materia, tanto para parejas a quienes ya les fue negada la solicitud de matrimonio en diferentes estados, como para personas por medio de un amparo indirecto.

Actualmente trabaja con diversas organizaciones LGBTTTI a lo largo de la República, como asesor y representante legal.

¿Cuál es el sustento legal de estos amparos?

Lo que estamos diciendo es que estos artículos contienen dos tipos de derechos: el primero tiene que ver con el acceso al matrimonio en condiciones de igualdad, independientemente de la orientación sexual de las personas.

Lo que alegamos es que hay una violación al derecho de igualdad y no discriminación; es decir, que independientemente de que quieras o no casarte, el hecho de que la ley ya te lo prohíba refleja una discriminación que va en contra tanto del artículo primero de la Constitución como de los tratados internacionales.

Cuando los amparos son de parejas, alegamos también el derecho a la protección de la familia, y en los colectivos lo que alegamos es solamente discriminación porque no se ha negado el acceso, pero conforme a la redacción de los artículos del Código Civil es obvio que se los impide.

Lo que utilizamos es la herramienta algo novedosa reciente en términos de la reforma de 2011 que habla de interés legítimo; es decir, tú no requieres un acto de autoridad tal cual sería la negativa del Registro Civil para poder impugnar normas.

¿Qué es lo que se ha logrado?

El primer amparo que presentamos fue en Oaxaca, en 2012, el 17 de mayo, y se resolvió en definitiva el pasado 23 de abril de este año, y allí la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló esta argumentación y determinó que sí había discriminación.

A partir de allí hemos estado moviendo esta estrategia a nivel nacional con las organizaciones con las que nos hemos vinculado, entre ellos está LITIGA, en Nuevo León. Adaptamos este amparo a los Códigos Civiles o de Familia de los diferentes estados.

¿Cuál es el efecto de este amparo ya ganado?

Es que cuando estas personas decidan ejercer su derecho al matrimonio, con este amparo en Registro Civil ya no podrá negarles el acceso y podrán casarse cuando lo decidan.

¿En el caso de Nuevo León serían 50 personas?

Así es.

¿Por qué utilizar esta vía?

Por la omisión legislativa, es exigir de manera directa el acceso a los derechos humanos de las personas, si el legislador no cumple con su obligación, hay una manera de solucionar esta deficiencia. En la medida en que se vayan sucedieron los juicios de amparo bajo estos mecanismos técnicos y jurídicos, en el futuro al acumular estos precedentes pudiera haber una internación de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde se declare valido el artículo y ya no se proteja a 50 personas, sino que ya no se aplique a ninguna persona y eso obligaría eventualmente a cambiar la ley. Es un proceso largo, pero en medida que sigamos interponiendo los juicios iremos acumulando estos precedentes que nos abrirán la puerta e este mecanismo.

¿Hay algún otro caso pendiente además del de Nuevo León?

Ahorita está por resolverse a ver si la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae un caso contra el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión porque estamos alegando que hay una violación internacional ante los derechos humanos, que es la Convención Interamericana, y eso implicaría que como ciudadanos mexicanos tendríamos el derecho de acceder al matrimonio.

Lo que estamos intentando es que se garantice el derecho en todo el país, y en esto estamos trabajando y podría, están tardando unos 6 a 8 meses.

¿En qué estados se está trabajando?

Ahorita estamos en 25 estados, pero no en todos estoy yo impulsando la estrategia, porque una vez que comenzaron a salir los amparos y la sentencia, ya cualquier abogado que lo desee lo puede llevar. Sabemos que en algunos estados lo han hecho de manera independiente, como es Campeche, Chiapas, Nayarit, Durango, Michoacán y Guerrero.

Yo estoy trabajando con Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Estado de México, en el caso de parejas específicas.

En amparos colectivos hasta el momento se han interpuesto en Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro y Nuevo León.

Ya hay más formas de acceder al matrimonio sin necesidad de acudir al Distrito Federal. Ha habido matrimonios del mismo sexo en al menos 25 estados por la vía judicial, es un fuerte impulso que tarde o temprano sea una realidad para todo el país.