Ley de Víctimas de NL, susceptible a amparos

El concepto de afectado, una de las mayores discrepancias entre marcos legales; proyecto estatal, mejor que el federal: diputado.
Sanciones a jueces que no incluyan reparaciones en sus sentencias, aspecto positivo del dictamen.
Sanciones a jueces que no incluyan reparaciones en sus sentencias, aspecto positivo del dictamen. (Leonel Rocha)

Monterrey

La Ley Estatal de Víctimas, aprobada en comisiones en el Congreso del Estado, tiene discrepancias importantes que podrían favorecer la solicitud de amparos, opinó uno de los coautores de la Ley General de Víctimas (LGV) y candidato a ocupar un puesto en la Comisión Nacional de Víctimas, Silvano Cantú.

Luego de revisar el dictamen que sería llevado al Pleno este lunes, el egresado de la facultad de Derecho de la UANL, señaló la discrepancia entre los derechos sustantivos en la Ley General, en comparación con los del artículo 7 del dictamen, que consisten en la consideración del concepto de víctima.

Mientras la normativa federal considera a todos aquellos que han padecido delitos o violaciones de los derechos humanos, para la estatal, son sólo aquellas que ya estén en medio de un proceso penal.

“Debe imperar un principio de armonización básico para todas las entidades federativas, y es que en la armonización de la Ley General no tendrían ninguna razón para modificar los derechos sustantivos ya reconocidos en la Ley General”, explicó el especialista.

Además de que el objeto de factibilidad de las políticas públicas en favor de las víctimas es poco claro, ya que sobreanaliza el reconocimiento de sus estatus y puede dejarlas fuera de la protección de la ley.

Cantú señala que de los derechos sustantivos de las víctimas, la norma estatal deja fuera tres, ya que el catálogo de derechos es diferente, lo cual consideró un obstáculo grave.

“En vez de derecho a la investigación, Nuevo León reconoce sólo la fase de impartición de justicia por tribunales; hay derechos que tienen las víctimas del delito, pero no las de violaciones de Derechos Humanos”, puntualizó.

En su opinión, otra gran deficiencia es la organización que pretende dársele al fondo estatal, pues cuenta con una estructura altamente burocratizada, al ser el gobernador del Estado quien proponga la integración del Consejo.

Señala que el dictamen debe dejar en claro la participación de las víctimas y expertos que en las instancias creadas por la Ley, y su colaboración debe ser mediante un mecanismo que involucre al Poder Ejecutivo y al Legislativo.

De los aspectos positivos del dictamen, Cantú señala la mención a la declaración de ausencia por desaparición, como prevé la Ley General, y la mención al concepto de “proyecto de vida”, que enriquece lo previsto en la Ley General sin contravenir su espíritu.

“Se incluye una importante propuesta de las víctimas: que haya sanciones a servidores públicos, incluyendo a jueces y magistrados, que no incluyan reparaciones en sus sentencias o que incumplan sus obligaciones para con las víctimas. Éste es un aspecto altamente positivo de este dictamen”, puntualizó.

JUSTIFICAN PROYECTO LOCAL

El vicepresidente de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso del Estado, Luis David Ortiz Salinas, señaló que la Ley de Víctimas estatal es mejor que la federal, y si se dejó la responsabilidad a una sola persona es porque no hay recursos para hacer un órgano más grande.

“El modelo de Nuevo León que va más avanzado que el federal, tenemos otros aspectos: el asesor victimológico. Sí, a nivel federal son 7 comisionados y en Nuevo León es uno, pero para una comisión ejecutiva creo que es más funcional una persona que un consejo que se va a estar diluyendo la responsabilidad unos y otros”, dijo.

Ortiz Salinas, principal redactor de la propuesta local, aseguró que sí se respeta la representación civil en este órgano se creará un consejo que incluirá a la sociedad civil y la representación del Gobierno de funcionarios de áreas como Salud, Educación y la Procuraduría.

En proceso

Mientras la LGV define como víctimas a quienes hayan sufrido delitos o violaciones de sus derechos humanos, para la estatal, sólo son aquellos que estén involucrados en un proceso legal.

Otro defecto, dijo Silvano Cantú, coautor de la Ley General, es la organización que se daría al fondo estatal en la materia, al ser el gobernador quien proponga la integración del Consejo.

Entre los puntos destacables de la ley estatal, mencionó la figura de declaración de ausencia por desaparición, como establece la ley federal, y la mención del concepto de “proyecto de vida”.