“El Estado también debe apostar a la reintegración en la sociedad”

La puesta en marcha del modelo de Justicia Familiar Restaurativa y avance de 81% en implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, parte de los logros en su primer año de actividades, ...
Los progresos demandaron una planeación estratégica importante, explicó el magistrado.
Los progresos demandaron una planeación estratégica importante, explicó el magistrado. (Roberto Alanís)

Monterrey

El Poder Judicial implementará un nuevo modelo de Justicia Familiar Restaurativa parecido al Tribunal de Drogas, que buscará que las familias en situación de violencia resuelvan sus conflictos por otros medios antes de llegar a un juicio oral.

Tendrá su sede en San Nicolás de los Garza, por ser éste la cabeza del distrito que más conflictos tiene de esta naturaleza, y abarcará a Escobedo, Apodaca y Salinas Victoria, entre otros.

Este anuncio y el avance en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que ya conoce del 81% de la incidencia delictiva serán parte central del primer informe de actividades del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

El gobernador decidió adelantar el término de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio para abril de 2015. ¿Qué ha significado esto para ustedes?

Tuvimos que hacer una planeación estratégica importante, porque la Secretaría de Gobernación en su valuación de los poderes judiciales del país, estábamos en el lugar 15 y teníamos sólo siete puntos de una escala de 100.

Nos reorganizamos y estamos entre los primeros, empatados por Chihuahua, eso gracias a una sinergia con todas las dependencias, y sobre todo a la participación de los jueces de esta área y una reordenación que hizo el Consejo de la Judicatura.

Esto involucró adecuaciones al Código Procesal Penal, que ya va más de la mano con el Código Nacional que después va a imperar en toda la República.

¿Cómo se reorganizó?

Creamos una Dirección de Gestión Judicial, es una forma nueva de organizar los tribunales y esto nos dio una organización más eficiente con menos gente.

Antes, cada juzgado tenía su propio personal; ahora no, ahora tenemos un pool de secretarios y administradores que dan servicio a varios juzgados; un secretario puede dar función a varios jueces.

Al juez se le retiraron todas las funciones administrativas, se dedican exclusivamente a juzgar, antes se le iba 80 por ciento del tiempo en administrar y ya no, ahora se dedica sólo a lo importante.

El administrador también se encarga de los tiempos, ya no hay tiempos muertos en juzgados, ahora no ocupamos una sala por juzgado, sino que dos o tres le pueden dar servicio hasta a ocho.

¿Cómo se tomó este cambio?

Como en todo cambio hubo rechazos, pero ya se dieron cuenta que han ahorrado tiempo, ya no tienen que estar alerta todo el tiempo, porque todo está perfectamente agendado. Lo mejor es que no tuvo que haber contrataciones ni reajustes, sino reacomodos; evaluamos a cada servidor para ver dónde podría servir mejor según su perfil.

Creamos también una unidad de servicios, que apoya a 28 juzgados, esto ya no obliga a los litigantes a estar de una oficina a otra.

¿Los jueces no se resistieron?

Se amortiguó un poco gracias a la capacitación, fueron 2 mil 377 horas de capacitación a 1590 funcionarios y jueces. El Consejo de la Judicatura fue quien decidió a quién de los 111 jueces que tenemos empezar a capacitar y después dónde reubicarlo en base a su perfil.

Muchos no querían entrar al nuevo plan, e incluso buscaban aliarse con alguien para a través de ellos pedir que no les tomaran en cuenta, pero una vez que empezaron se dieron cuenta de sus habilidades para esta labor, ahora son quienes replican estos conocimientos fuera del estado.

¿Cuándo dejarán de existir los juzgados tradicionales?

Vamos a dejar solamente dos juzgados, el 1 y el 2 penal, hasta que se agoten los expedientes.

¿Ha incrementado el uso de vías alternas para la solución de conflictos?

Se ha incrementado de modo importante porque ahora no sólo el Poder Judicial propone la mediación, también la Procuraduría y como la base del sistema acusatorio es la reparación de daño, esto puede lograrse a través de la mediación.

En relación a los medios alternos de solución de conflictos fueron atendidas 2 mil 412 solicitudes, de las cuales 748 llegaron a un convenio razonable para ambas partes; esto representa un incremento de 11.81 por ciento.

A veces estas resoluciones le dan a la gente una sensación de que no se hizo justicia porque no se "castigó" al culpable con la cárcel, ¿cómo combatir esta percepción?

Hay que cambiar esta concepción, teniendo en cuenta que lo importante es que se reconozca la culpabilidad, que exista un compromiso de resarcir a la víctima sus daños; un arrepentimiento por parte del culpable y una nueva cultura sobre el arrepentimiento y el perdón.

¿Hay más responsabilidad del Estado en la rehabilitación de los internos en las cárceles?

El Estado también debe apostar a la reintegración en la sociedad y no verse sólo como un castigo, reintegrarlo a la sociedad, purificar sus actuaciones. En cierta forma lo que está sucediendo en la sociedad también es responsabilidad del Estado, que ha dejado de implementar ciertas políticas de prevención del delito o para utilizar una cultura de la legalidad que inhiba que se cometan los delitos.

Va dar más operatividad a los penales y además el Juez de Ejecución de Sanciones Penales va a ver porque las sanciones impuestas se hagan efectivas, que ayuden al sentenciado a su reinserción social, que las medidas que se impusieron al final del día de cumplan para tener como resultado a una persona distinta.

Se tienen que involucrar más, que existan psicólogos, trabajadoras sociales, psiquiatras, tal como se hace con el Tribunal de Adicciones.