Dobletea funciones defensa de alcaldesa regiomontana

El representante del PAN ante la CEE, Gilberto de Jesús Gómez, figura en la nómina del municipio de Monterrey bajo el número 1000826, en calidad de "Jefe", sin especificar el área, de la Dirección ...

Monterrey

Cuando el representante del Partido Acción Nacional ante la Comisión Estatal Electoral (CEE), Gilberto de Jesús Gómez Reyes, se defendía contra la multas impuesta a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes, no sólo estaba representando a su instituto político, sino también a su jefa.

Y es que Gómez Reyes figura en la nómina del municipio de Monterrey bajo el número 1000826, en calidad de "Jefe", sin especificar el área, de la Dirección de Patrimonio Municipal, que depende de la Tesorería.

Si bien legalmente estas labores, como empleado municipal y representante de partido, no son incompatibles; ya que como representante ante este órgano local no existe un salario y el cargo es honorario, el panista se ha ausentado de sus labores en la administración regiomontana, por las que percibe 34 mil pesos brutos, en diversas ocasiones para asistir a las sesiones del Consejo General de la CEE.

La sesión de ayer, donde se impusieron dos multas por más de 145 mil pesos a la presidenta municipal de Monterrey, inició a las 11:00 y culminó a las 13:15, horario laboral en la administración.

A partir del inicio del año electoral, este 8 de octubre de 2015, los nuevos consejeros han modificado los horarios de sesión, de las 18:00, en las que tradicionalmente se llevaba a cabo, a las 11:00.

En el caso de los representantes de los partidos políticos, no se tienen requisitos específicos más que contar con la representación de sus líderes, y Gómez Reyes se presenta en calidad de titular, mientras su suplente es el senador Raúl Gracia Guzmán.

El artículo 50 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos señala que todo servidor público incurrirá en responsabilidad administrativa cuando incumpla con las siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones.

Las labores partidistas del burócrata regiomontano no estarían fuera de la ley si las desempeñase fuera de su horario laboral.

La normativa señala que en los casos graves se podrá imponer además, la suspensión del empleo, cargo o comisión hasta de tres meses o la destitución o inhabilitación del cargo hasta de diez años.