Fiscalía “no va a jalar”, dice experto

Para que funcione la institución no debería intervenir el Gobierno Federal, por eso el órgano planteado por Coparmex es independiente, manifestó el responsable de la iniciativa en NL.
Javier Navarro aseguró que la propuesta federal dista de ser viable.
Javier Navarro aseguró que la propuesta federal dista de ser viable. (Carlos Rangel)

Monterrey

El problema de corrupción en el país no se resolverá con la propuesta de la Fiscalía Anticorrupción a nivel federal debido a la intervención que tendría el gobierno y a la falta de mecanismos reales en materia de transparencia de las finanzas públicas, señalaron expertos.

La propuesta de crear una Fiscalía Anticorrupción a nivel federal no resolverá el problema, dista mucho de que pueda ser viable en estos momentos "porque es casi poner la Iglesia en manos de Lutero", señaló Javier Navarro Velasco, socio de Baker &McKenzie.

"La idea es que el gobierno no esté inmiscuido en las investigaciones sobre corrupción sino que sea la sociedad civil, así que ojalá se desista de esto porque no funcionaría".

En entrevista con MILENIO Monterrey, el especialista dijo que hay una gran diferencia, "si el gobierno quiere hacer bien las cosas la posibilidad de hacerlo sería a través de esta nueva ley (la propuesta de la Coparmex) y si la hicieran federal y la copian pues qué maravilla".

Navarro Velasco quien encabeza la comisión Anticorrupción de Coparmex, capítulo Nuevo León insistió en que si el gobierno quiere formar parte de esto "siendo juez y parte, no va a jalar".

Navarro Velasco, abogado de la firma Baker &McKenzie, es el responsable de la elaboración de dicha iniciativa de ley, explicó que ésta es un proyecto de ley que establece normas y condiciones para erradicar la corrupción en el estado.

La propuesta de ley ya está concluida y será presentada al Congreso como una iniciativa ciudadana.

Aseguró que será a finales de este mes de noviembre cuando la estén presentando al Congreso local, como una iniciativa ciudadana.

Navarro Velasco comentó que están en los últimos detalles del proyecto el cual plantea crear un organismo autónomo e independiente a partidos políticos y al gobierno, éste sería un órgano ciudadano nombrado por una comisión encabezada por rectores de las universidades, organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales.

La comisión, dijo, sería la encargada de designar al Ombudsman en materia de corrupción en el estado.

Por otra parte, el ICC México (International Chamber of Commerce México), fijó su posición al respecto al considerar que la actual propuesta a nivel nacional de un órgano constitucionalmente autónomo para el combate a la corrupción, incluye conceptos fundamentales para lograr un combate eficaz a dicho problema tales como prevención, mejora de procesos administrativos, atención de demandas ciudadanas, protección a denunciantes, investigación y sanción.

El ICC México también exhortó a los diputados para que asuman como prioritario en este periodo legislativo, el análisis de la minuta enviada por el Senado desde diciembre de 2013, que prevé la creación de un órgano dotado de autonomía constitucional para investigar y sancionar administrativamente los actos de corrupción que cometen servidores públicos de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos e incluso gobiernos estatales y municipales.

En un reporte indica que este organismo ve con buenos ojos la propuesta de una fiscalía anticorrupción que forme parte de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, apunta que la creación de esta fiscalía únicamente se limitaría al ámbito penal y no al administrativo y preventivo, que en su caso le correspondería al órgano constitucionalmente autónomo.

Alertan sobre falta de mecanismos en transparencia

El problema de la corrupción en México tiene que ver con las finanzas públicas, y mientras no se establezcan mecanismos de transparencia reales de nada servirán las reformas estructurales, consideró Amado Villarreal, catedrático del EGAP del Tecnológico de Monterrey.

"Tenemos un problema muy arraigado y cultural en el tema de corrupción, pero yo siento que al final de cuentas tenemos un problema de raíz que tiene que ver con las finanzas públicas al final de cuentas esto tiene que ver con la asignación eficiente de los recursos económicos. Entonces cuando hablamos de corrupción implica que los recursos económicos no son asignados eficientemente y eso tiene que ver con la falla del gobierno y donde el gobierno no está actuando tendiente a maximizar el bienestar de la sociedad", indicó.

Lo anterior se traduce al final del día que se tiene una falla de gobierno y que no sólo está la corrupción sino una creciente burocracia.

"Ósea tenemos un aparato gubernamental grande y ahora hacer por ejemplo en esta última reforma fiscal lo que vimos es una gran parte de la carga cae en un mismo segmento de la población", señaló Villarreal.

Asimismo, mencionó que el hecho de crear una fiscalía no resolverá el problema de la corrupción en el país.

Consideró que la carga fiscal sigue recayendo en la clase media y media-alta y la reforma en lugar de hacer una reforma con un sentido económico adecuado más bien parece que fue "una compensación política y cuidó un segmento de la población afectando a otro, entonces al final de cuentas la reforma fiscal tuvo una orientación más bien de carácter político".

El experto mencionó que la fórmula fiscal no fue la óptima y no hay un esfuerzo de sacrificio fiscal por parte del gobierno.

"Y si a lo anterior se le suma que hay actos de corrupción, entonces qué incentivos hay de pagar impuestos", cuestionó el Villareal.

En proceso

-El órgano completamente ciudadano propuesto en Nuevo León sería nombrado por una comisión encabezada por rectores de las universidades, organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales.

-De concretarse la iniciativa para la creación de la comisión en la entidad que buscaría erradicar los casos de corrupción, ésta también sería la encargada de designar al Ombudsman en la materia.

-Aunque la International Chamber of Commerce México se mostró a favor en que la fiscalía formara parte de la PGR, sólo estaría enfocada al ámbito penal y no a prevenir casos de corrupción.

-La minuta a nivel federal congelada desde diciembre de 2013, busca sancionar a servidores públicos de los tres poderes de la Unión, organismos autónomos y del ámbito municipal y estatal.