Federalización de la prisión en Mina aliviaría finanzas: NL

La ayuda de la Federación siempre ha sido insuficiente, advirtió Jorge Domene.
Así podría lucir parte del nuevo penal de máxima seguridad.
Así podría lucir parte del nuevo penal de máxima seguridad.

Monterrey

Además de los problemas de ingobernabilidad que generan, los reos federales en penales del estado, también representan un costo muy elevado para la autoridad de Nuevo León, según explicó el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Jorge Domene Zambrano.

La manutención de cada interno supone una erogación diaria de 180 pesos, cifra que no cubre el socorro de ley que el Gobierno Federal destina para este propósito a los estados.

Ésta es una más de las razones por las que la federalización del Penal de Mina representará un alivio a la entidad, que busca deshacerse de casi 3 mil reos de alta peligrosidad.

“Hay el socorro de ley que está marcado en ley que es una cantidad fija, no recuerdo ahorita en cuánto la cantidad, pero siempre ha sido no suficiente para dar todo el mantenimiento, lo que implica mantener a un reo. (…) no cubre los 180 pesos”, comentó Domene.

Para cubrir el costo total del mantenimiento de los reclusos, el estado tiene que poner el resto: “Siempre ha sido una condición, esto no es nuevo y es parte de la responsabilidad que tenemos que asumir”, sostuvo el funcionario.

Pese a esta urgencia, las obras del Penal de Mina se encuentran detenidas a la espera de que se concrete el traspaso de la responsabilidad a la Secretaría de Seguridad Pública federal.

El también vocero de Seguridad del estado reconoció que no existe una fecha determinada para reactivar los trabajos en el penal, que registran avances del 100 por ciento en sus primeras dos etapas.

“Estamos en un proceso de plática con la Federación para poder ver los tiempos que ellos marquen, finalmente que se haga el traspaso en su momento y ya ellos marcarán sus tiempos, sus formas, sus recursos”, detalló Domene Zambrano.

En dos años, Nuevo León  ha trasladado a 700 reos de alta peligrosidad a penales federales.

“Desde un convenio que se hizo con PGR y con la Policía Federal se ha evitado que se queden aquí, la gran mayoría de los últimos que hemos tenido este año se han ido a penales federales.

“Lo primero (que generan es) el hacinamiento que tenemos que siempre complica el vivir hacia dentro del penal y segundo por sus características, pues siempre tienen alguna situación que puede complicar la vida de los internos que no tienen temas relacionados con delincuencia organizada”, aceptó.

Precisó que una vez que el Penal del Topo Chico quede libre de esta carga, se analizaría si las instalaciones se mantienen como un centro de readaptación o se le busca un uso distinto.

Apenas el pasado viernes, sereveló que tiene seis meses de negociación con el Gobierno Federal a fin de que el Penal de Mina se transforme en un centro de máxima seguridad.