Exhiben cuentas desorden urbano

Análisis de la Auditoría Superior del Estado para 2012 revelan cómo las administraciones ignoran sus propios reglamentos al autorizar fraccionamientos y ceder terrenos municipales
Todas los gobiernos metropolitanos muestran faltas en regulación de asentamientos humanos.
Todas los gobiernos metropolitanos muestran faltas en regulación de asentamientos humanos. (Archivo)

Área Metropolitana

Ubicada a unos metros de la zona de las pedreras y en un lugar donde solo debían existir industrias, el fraccionamiento Hacienda El Palmar, en Santa Catarina, nunca debió existir.

La situación es tal que un Juez Federal ordenó el año pasado su desalojo y demolición… pero el municipio ignoró la orden.

Como Santa Catarina, otros municipios exhiben distintas muestras del desorden en materia de Desarrollo Urbano que persiste en la zona metropolitana y en general en Nuevo León.

Las cuentas públicas de 2012, recién llegadas la semana pasada al Congreso del Estado, dejan al descubierto la situación con montos millonarios de irregularidades.

En mayo de 2012 un juez federal ordenó al municipio de Santa Catarina aplicar medidas de seguridad establecidas en los artículos 265 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en la colonia El Palmar, que implican el desalojo y la demolición de la misma.

Se trata de un proceso que data de las administración 2009 y 2012, que encabezó el panista Gabriel Navarro, e incluso de su antecesor Dionisio Herrera, cuando la empresa ABC y Construcciones, arrancó la construcción de esta colonia, sin contar primero con los permisos de cambio de uso de suelo de la zona, pero con un permiso de construcción que otorgó el entonces secretario de Desarrollo Urbano, René Garza Valdez.

“Se observa que la entidad municipal autorizó un fraccionamiento habitacional de urbanización inmediata en una zona apta únicamente para usos de suelo con giro de tipo industrial, por lo que se incurre en responsabilidad administrativa”.

Sin embargo el municipio no llevó a cabo la acción establecida en los artículos 265 y 280 de la Ley de Desarrollo Urbano, ya que según justificó “ya está habitado el fraccionamiento”.

Con esto el Ayuntamiento violó no sólo leyes estatales, sino que desobedeció el mandato de un juez federal.

Un análisis hecho por MILENIO Monterrey a las cuentas públicas de los municipios metropolitanos arrojó mil 19 observaciones en los apartados de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Esto a su vez representa un monto observado de 5 millones 566 mil 476 pesos, siendo el municipio de García el que más irregularidades presentó con un millón 629 mil pesos, llevando a la Auditoría Superior del Estado a sugerir la intervención de la Secretaría de la Función Pública para emitir sanciones a quien resulte responsable de la administración del ex alcalde Jaime Rodríguez Calderón.

Pero no fue el único, de ahí el municipio de Juárez evidenció la falta de aplicación de sus propios reglamentos de Desarrollo Urbano al presentar irregularidades por casi por un millón de pesos, pues la Auditoría Superior del Estado detectó la construcción de 23 fraccionamientos sin permisos de construcción, cambios de uso de suelo y contratos para servicios básicos, como agua potable, luz, gas y alumbrado.

Esto último representa una de las principales fallas en la mayor parte de los municipios que presentan crecimiento, como Apodaca, Escobedo, Juárez y otros de ultracrecimiento como Zuazua, Pesquería y Ciénega de Flores.

Asimismo, municipios Santa Catarina, Apodaca y Monterrey autorizaron fraccionamientos en los límites de su municipio y zonas alejadas de la urbanización sin tomar en cuenta los planes de desarrollo de Transporte Público, que a la larga provocará que sus habitantes no puedan tener acceso a este servicio

La documentación indica que los municipios del Estado han ignorando planes de Desarrollo Urbano, incluido el del Estado, vendiendo terrenos sin pasar por el Congreso Local y autorizando nuevos fraccionamientos sin permisos.

OBRAPÚBLICA

Problema general también fallan en sus proyectos

Apodaca

Diferencias entre lo pagado y lo construido hasta por $310 mil. Fallas físicas. Todo en al menos 10 obras.

García

Desvió fondos federales para obras fuera de los polígonos de pobreza donde debían ejercerse los recursos.

Monterrey

Construyó 5 puentes peatonales ignorando su Reglamento de Accesibilidad. No consideró a discapacitados.

Guadalupe

Hubo un diferencial de $521 mil entre lo pagado y ejecutado en la reforestación de la avenida Pablo Livas.

San Pedro

Cuestinan obras en Alfonso Reyes, la pavimentación de calles en San Pedro 400 y fallas en carpeta asfáltica.

San Nicolás

Tuvo que cambiar cimentación en puentes peatonales por falta de estudios previos, como en Rómulo Garza.

Escobedo

El pasado gobierno pagó $2.8 millones por ampliar la avenida La Amistad a 6 carriles... le dieron 4.

Santa Catarina

Realizó recarpetero y pavimentación sin estudios previos, lo cual derivó en agrietamientos.

Juárez

No presentó ningún estudio sobre controles de calidad para la ampliación de la avenida Arturo B. de la Garza.

Santiago

Pagó $1.5 millones del Fondo de Infraestructura Social para obras en colonias que no cumplían con el perfil.

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EN PESOS Y CENTAVOS...

anomalías por concepto y daño...

MUNICIPIO OBSERVACIONES MONTO

ESCOBEDO

Obra Pública 97 $0

Desarrollo Urbano 17 $178 mil 614

SANTA CATARINA

Obra Pública 22 $154 mil 562

Desarrollo Urbano 21 $0

JUÁREZ

Obra Pública 292 $909 mil 668

Desarrollo Urbano 191 $613 mil 844

SANTIAGO

Obra Pública 23 $98 mil 196

Desarrollo Urbano 10 $0

SAN NICOLÁS

Obra Pública 24 $686 mil 213

Desarrollo Urbano 6 $0

APODACA

Obra Pública 47 $734 mil 225

Desarrollo Urbano 11 $8 mil 779

GARCÍA

Obra Pública 44 $1 millón 629 mil 401

Desarrollo Urbano 33 $0

MONTERREY

Obra pública 100 $0

Desarrollo Urbano 3 $13 mil 876

SAN PEDRO GARZA GARCÍA

Obra Pública 61 $0

Desarrollo Urbano 8 $101