Enfrenta a PGJE y TSJ la absolución de 4 asesinos

El agente expuso los argumentos que tienen para solicitar la posible revocación de fallo; presidente del Tribunal defiende decisión del juez y la atribuye a las malas prácticas de AEI.
Ante la solicitud hecha por la Procuraduría, ahora corresponderá decidir a los magistrados.
Ante la solicitud hecha por la Procuraduría, ahora corresponderá decidir a los magistrados. (Raúl Palacios)

Monterrey

La absolución de los delincuentes acusados en 2011 por secuestro y asesinato de un empresario del municipio de San Pedro Garza García enfrentó al Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Emilio Arenas Bátiz, defiende la sentencia, señalando que estuvo apegada a derecho, y asegura que las malas prácticas de los agentes ministeriales permitieron que se consumara este hecho. La respuesta de la PGJE fue apelar la determinación del juez segundo penal, Raymundo Martínez.

El jueves pasado fueron abueltos Diego Zárate Ibarra, de 30 años, El Negro; José Fidencio Armendáriz Guardiola, de 20, El Perro o El Monstruo; José Antonio Porras Ramírez, de 43, El Hecho Garras; y a José Ángel Álvarez Lázaro, de 36, El Gogy o El Pelón, acusados de plagiar y asesinar al empresario sampetrino Damián González del Río en 2012.

La Procuraduría de Justicia precisó ayer por la noche que de estas cuatro personas, sólo Álvarez Lázaro se encuentra libre.

Esto debido a que los otros sujetos, a pesar de que recibieron su libertad por ese caso, siguen recluidos por delitos cometidos contra otras personas.

No obstante, la determinación del juez enfrentó de nueva cuenta a los poderes del Estado, que de modo muy político se habían aventado la bola en relación a las pifias que dejaban fuera de prisión a algunos delincuentes.

Al respecto, Carlos Emilio Arenas Bátiz dijo que este caso y otros que se han dado desde 2011, a partir de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio se deben a las malas prácticas realizadas por la Procuraduría y la Policía Ministerial.

"La reforma legal del 2008 y del 2011 coincidió con una ola de violencia muy fuerte en el estado, y en su ánimo de contenerla, la Procuraduría y la Policía Ministerial realizó malas prácticas.

"Ahora estamos viviendo las consecuencias de esas malas decisiones", aseguró.

Afirmó que estas determinaciones se tomaron durante la administración pasada, en que el procurador era el ahora alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, y Guadalupe Saldaña se desempeñaba como director de la Policía Ministerial.

Ante ello, la Procuraduría de Justicia se inconformó con la liberación de los cuatro hombres que en 2012 fueron acusados del secuestro y homicidio de un empresario, e interpuso el recurso de apelación en el Juzgado Segundo Penal y de Preparación de Monterrey.

Fue el agente del Ministerio Público adscrito a ese recinto, quien presentó la inconformidad.

En la apelación, el representante social plasmó los argumentos que tiene la Procuraduría para solicitar la revisión y posible revocación de la resolución que favoreció a Zárate y sus coacusados por el secuestro y homicidio de Damián González del Río.

Ahora les corresponde a los magistrados de una sala colegiada del Tribunal Superior de Justicia emitir una nueva resolución o confirmar la que benefició a los cuatro hombres.

De acuerdo con la sentencia que los favoreció, Diego Zárate y sus coacusados fueron víctimas de una detención ilegal y la mayoría de las diligencias se las recabaron cuando se encontraban arraigados.

Además, los reconocimientos en los que fueron señalados por los testigos, se hicieron cuando no tenían un defensor.