Aclara legislador alza en delitos violentos en NL

El diputado priista Francisco Cienfuegos argumentó que el registro es porque ahora son denuncias en lugar de reportes, al emigrar la información del esquema tradicional al nuevo sistema penal.

Monterrey

Francisco Cienfuegos Martínez, diputado local priista y presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso, aclaró que el Semáforo del Delito no marca un aumento de más de 460 por ciento en las denuncias por agresiones que ponen en peligro la vida y que llegan a la Procuraduría de Justicia del Estado.

El legislador argumentó que el registro es porque ahora son denuncias en lugar de reportes, al emigrar la información del esquema tradicional al nuevo sistema de justicia penal.

"No es que hayan aumentado los delitos; hay que recordar en el primer periodo ordinario de septiembre a diciembre del 2012, que hicimos reformas para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal y emigramos cierta cantidad del delitos del fuero común al nuevo sistema de justicia.

"Esto se traduce que de enero del 2013, los reportes en cada uno de las diferentes instalaciones que cuenta la Procuraduría ya no se contabilizan como reportes, sino se contabilizan como denuncias; no quiere decir que se hayan incrementado los índices en el estado, sino que anteriormente se contabilizaban como reportes, y la obligación del nuevo sistema de justicia penal es contabilizarlos como denuncias", dijo.

MILENIO Monterrey publicó que en 2012 fueron contabilizadas 80 lesiones, cifra que para 2013 se rebasó hasta llegar a las 449 agresiones de este tipo. Es decir, los delitos de esta naturaleza se habrían cuadriplicaron en apenas 12 meses.

Según el decreto número 002 del Congreso, publicado el 28 de diciembre de 2012, se aprobó que a partir del primero de enero de 2013 se adicionarían para su procesamiento los delitos tipificados en los artículos del Código Penal para el Estado.

Por ejemplo, el artículo 195, sobre ultrajes; el 206, de revelación de secretos; el 207, sanción a profesionistas, técnicos o servidores públicos; el 211, de delitos contra el patrimonio del estado o municipios, y el 215, sobre cohecho, entre otros.