Denuncian a 14 ex funcionarios por caso de placas robadas del ICV

Entre las denuncias está una en contra del ex director del ICV, Pedro Morales Somohano, las cuales fueron presentadas por el abogado Cuauhtémoc González López.
Pedro Morales Somohano, ex director de ICV, entre los denunciados.
Pedro Morales Somohano, ex director de ICV, entre los denunciados. (Milenio)

Monterrey

El abogado del único detenido por el robo de las más de 300 mil juegos de placas del Instituto de Control Vehicular denunció a 14 personas, entre ellas, funcionarios y ex funcionarios de dicha dependencia, porque supuestamente causaron una pérdida al erario público de 120 millones de pesos al adquirir 555 mil láminas que no se necesitaban en el trienio 2011-2013.

Cuauhtémoc González López acudió este lunes al Centro de Orientación de Denuncias (CODE) de la Procuraduría de Justicia en el Estado, donde le recibieron los hechos que narró por separado.

En la primera acusación solicitó se investigue y ejercite acción penal por el delito de ejercicio abusivo de funciones públicas en contra de Pedro Morales Somohano e Israel Carrillo Herrera, ex director y ex coordinador administrativo, respectivamente, del ICV.

Por ese ilícito también denunció a Raúl Villarreal Sanmiguel, René Barrera Cantú, Eugenio Dávila Flores y Elsa Karina Martínez, todos ellos integrantes del comité de Adquisiciones y Servicios de dicho instituto; así como a Carolina Fayad Contreras, secretaria técnica.

En la segunda denuncia que presentó les atribuyó el delito de encubrimiento a María Narvaez Tijerina, jefa de la Unidad Anticorrupción del Estado; Ernesto Sandoval Villarreal, actual director del ICV; Thelma Irene Castillo Fernández coordinadora de control de operaciones.

Así como María Guadalupe Gaytán Herrera, Carlos Felipe Ponce Vázquez, Jorge Manjarrez Rivera, ex contralor, y su sustituto, Gustavo Alarcón Martínez.

Esos son todos los nombres que el litigante mencionó en cada una de las denuncias que presentó.

Al concluir los trámites explicó: “Los primeros siete incurrieron en el abuso indebido de funciones públicas, porque adquirieron más juegos de placas de las que necesitaba el estado y en eso no se está contando las calcas, los tikers y engomados”.

Dijo que los último siete mencionados encubrieron las acciones de los que menciona en la primera acusación.

“Funcionarios y gente malita estaban presionando a mi hermano Adrián para que hiciera lo que ahora le están reclamando, porque no actuaron en contra de ellos, porque sólo actuaron en contra de mi hermano”, reclamó.

Comentó que sus acciones podrían favorecer a su hermano Homero González, quien se encuentra recluido desde el año pasado en el Cereso de Cadereyta y actualmente por un amparo es procesado por el delito de peculado.

“Tal vez el juez segundo penal de Monterrey podría considerar esta información que obtuve, mientras se desarrollaba el desahogo de pruebas en el proceso de mi hermano, pero que actualmente está a disposición del público”, agregó.