Denuncia demolición de su local en la Central de Autobuses

Aunque Tomas de la Peña Salazar se había amparado para que no desmantelaran su negocio, autoridades municipales, estatales y directivos de la terminal camionera lo derrumbaron, aseguró su abogado
El afectado tenía un local comercial en la parte antigua de la Central.
El afectado tenía un local comercial en la parte antigua de la Central. (Archivo)

Monterrey

Un comerciante denunció públicamente que autoridades municipales, estatales y directivos de la Central de Autobuses demolieron un local que estaba protegida por la justicia federal, violando así una orden judicial de amparo.

El vendedor Tomas de la Peña Salazar había interpuesto este juicio de amparo indirecto contra la orden de demolición del local número 15 del primer piso, sección 3, del antiguo edificio de la Central de Autobuses.

Dicha orden había sido girada por las autoridades correspondientes el 29 de julio de 2013, en el expediente 1352/2013 del Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Estado, explicó su abogado Francisco Ibarra Barrón.

"En dicho amparo se concedió la suspensión provisional y, posteriormente, en fecha 4 de septiembre de este año 2013, se concedió la definitiva para el efecto de que no se ejecutara la orden de demolición", explicó el litigante.

En el derrumbe, además de personal de la Central de Autobuses, participaron elementos de Protección Civil del estado y de la Policía Regia.

Se presentó además una denuncia penal por despojo de inmueble y por la desaparición de mercancía valuada en poco más de 300 mil pesos, ante el Agente del Ministerio Público número 2, especializado en despojo de inmueble, donde quedó bajo el expediente 111/2013-DII-3, señaló Ibarra Barrón.

"Los empleados de la Central de Autobuses y personal de Protección Civil del estado, apoyados por uniformados de la Policía Municipal de Monterrey, tomaron el local del señor De la Peña Salazar, y con lujo de violencia y palabras altisonantes amedrentaron a los empleados que cubrían el turno de día en el negocio, donde vendía refrescos de distintas marcas, revistas, periódico, frituras y otros comestibles.

"Mi cliente sólo pide que lo indemnicen, le paguen su mercancía, y le respeten el derecho de arrendamiento que tiene firmado, con otro local en la Central", indicó el abogado.

El local de De la Peña Salazar daba trabajo a ocho familias.