Defensoría Pública atiende 50% de casos

Parte del quehacer de la plantilla de 77 abogados implica concientizar sobre la importancia del bienestar compartido.
El equipo de colaboradoras de esta área.
El equipo de colaboradoras de esta área. (Roberto Alanís)

Monterrey

En el Instituto de la Defensoría Pública existen cuatro pisos dedicados exclusivamente a la defensa en Materia Familiar, área que dirige la abogada Nancy Hernández Jiménez.

Este año, han recibido solicitud de asistencia de al menos 60 mil 867 personas para tratar juicios de divorcio, pensión alimenticia y pleitos de convivencia; de estos casos se encarga una plantilla de 77 abogados.

Los defensores públicos tramitan al menos el 50 por ciento de los casos que se encuentran en todos los juzgados del estado, de modo gratuito; sin embargo, acceder a su apoyo no es sencillo para todos.

Una persona que quiera recurrir a este tipo de asesoría debe comprobar tener ingresos por debajo de las 200 cuotas de salario mínimo vigente, es decir, 12 mil 800 pesos, con excepción de los divorcios voluntarios, donde se toman en cuenta los ingresos de ambos cónyuges y se eleva a 300 cuotas, alrededor de 19 mil 400 pesos.

"El juicio oral de alimentos es de lo que más recibimos, pero también hemos recibido últimamente muchos tema de convivencia y las ejecuciones dentro del divorcio voluntario por el incumplimiento del convenio.

"Cuando existen este tipo de conflictos, toman a los niños como escudos, entonces la actitud es 'no me das dinero, no te presto al niño' y viene una guerra sin pensar en el interés superior de niños, que independientemente de los problemas entre los padres, deben convivir con la pareja y con la familia extendida", señala.

Carolina Jaramilllo García, jefa de área, señala que en muchos casos, su obligación como defensoras públicas es concientizar a la gente en que los recursos son para la manutención de los menores, y no para la ex pareja. Pero destacó que al nivel socioeconómico que se maneja en la Defensoría Pública, los usuarios por lo general son de poca educación formal, y llegan al extremo de renunciar a sus empleos para no cumplir con las obligaciones de pensión alimenticia.

Lorena Martínez Puente, otra de las colaboradoras de la Defensoría Pública, explica que con las empresas cada vez tienen menos conflictos y realizan las deducciones establecidas por el juzgado al sueldo de los proveedores.

Sin embargo, en algunos casos el proveedor se hace de compromisos extraordinarios con su nómina, por ejemplo, préstamos o compras en tiendas departamentales, lo que actúa en su perjuicio, pues la autoridad no las toma en cuenta para fijar la base de la pensión

"Se toman en cuenta el salario, las prestaciones y también las deducciones, pero sólo aquellas que la ley dispone; el Infonavit, el Seguro Social, pero no todas aquellas que el trabajador distraiga por compras a crédito y bajar su ingreso para que le den menos dinero a la acreedora", dijo.