Coparmex advierte de medidas represoras en la reforma fiscal

Al considerar que los impuestos a colegiaturas e hipotecas eran sólo distractores, el organismo patronal dice que la Secretaría de Hacienda podría usar la fuerza pública dejando en estado de ...
José Mario Garza Benavides, director de Coparmex Nuevo León. Foto: Archivo
José Mario Garza Benavides, director de Coparmex Nuevo León. Foto: Archivo

Monterrey

Por tercer día consecutivo Coparmex Nuevo León emitió un comunicado referente a la iniciativa de reforma fiscal, en el que criticó que esta reforma contiene “impuestos distractores” de la opinión pública como el impuesto a colegiaturas, hipotecas y rentas.

El gremio empresarial advierte que el Nuevo Código Fiscal contempla facultades, como el uso de la fuerza pública para la Secretaría de Hacienda, dejando en un estado de indefensión a los ciudadanos.

“Ahora que dichas cuestiones (impuesto a colegiaturas, hipotecas, etc.) han quedado fuera de la iniciativa, pareciera que funcionaron meramente como distractores toda vez que el debate público ha adolecido de aspectos relevantes, como lo son los de naturaleza penal”.

La Confederación Patronal de República Mexicana indica que el Gobierno está pretendiendo recabar los impuestos a través de la vía de la represión, estableciendo castigos sin tomar en consideración las circunstancias particulares que pueden llevar a los gobernados a incumplir con la carga tributaria.

Coparmex Nuevo León explica que la tendencia procesal en México contempla a la prisión preventiva como el último recurso en contra de los ciudadanos, sin embargo, con la reforma pareciera todo lo contrario, pues se califica como graves algunos de los delitos, impidiendo con esto que el inculpado pueda gozar de su libertad mientras se determina en un proceso penal si es o no responsable de los hechos que se le imputan.

“En este sentido, la llamada reforma hacendaria hace suponer que los delitos fiscales son igual o más graves que otros delitos como la delincuencia organizada y el narcotráfico, generando una especie de intimidación a las personas físicas y morales con actividades comerciales quienes tendrán que soportar más cargas administrativas que, tarde o temprano, podrían derivar en la disminución de inversiones en México y la salida de empresas hacia otros países”.