Comparecen Brenda Sánchez y jurídico por caso Miravalle

Tras ser acusados del presunto delito de abuso de autoridad, la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey se acogió al artículo 20 para no declarar. 

Monterrey

Luego de que el casino Miravalle Palace presentara una denuncia de hechos por presunto abuso de autoridad de funcionarios de Monterrey en la clausura de ese establecimiento, la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Brenda Sánchez Castro; y el director jurídico regiomontano, Eulalio Meléndez Rodríguez, comparecieron ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Servidores Públicos.

Sin embargo, mientras que Brenda Sánchez se acogió a los beneficios del artículo 20 constitucional para no declarar, Eulalio Meléndez sí lo hizo y pidió, a su vez, la comparecencia de tres representantes de Urban Publicity, permisionaria del casino.

A las 09:45, la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey llegó para comparecer por el presunto delito de abuso de autoridad, derivado de una denuncia de hechos interpuesta por la casa de apuestas ubicada en la colonia Miravalle Palace.

A su salida, la funcionaria comentó que el motivo para acogerse al artículo 20 fue para integrar debidamente toda la información tal y como sucedió.

Además, aclaró que la clausura al centro de apuestas permanecerá.

Posteriormente, Eulalio Meléndez Rodríguez, titular de la Dirección Jurídica del municipio de Monterrey, compareció también, pero él no se acogió a los beneficios del artículo 20 constitucional.

“Acudimos ante estas acciones dadas en respuesta a las determinaciones que han tomado los juzgados de distrito en materia administrativa y los tribunales colegiados, que han tenido a bien resolver y confirmar las negativas de las suspensiones derivadas de los amparos promovidos por ellos en contra de las clausuras realizadas por el municipio”, afirmó Meléndez Rodríguez.

Meléndez Rodríguez manifestó que los representantes del casino están tratando de transformar los actos administrativos del municipio en un asunto de carácter penal.

Además de Sánchez Castro y Meléndez Rodríguez, también se acusa al inspector Alberto Flores Jaramillo.

Por su parte, Benito Trujillo Morales, representante de la casa de apuestas, señaló que el municipio de Monterrey actuó en forma arbitraria e ilegal al clausurar el negocio, pero será la autoridad a final de cuentas la que decida si confirma esta presunta ilegalidad.

“Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los funcionarios citados aquí, nosotros denunciamos unos hechos y será el Ministerio Público el que va a integrar la averiguación y ellos van a deslindar responsabilidades.

“Nosotros consideramos que sí hay un delito, que es el abuso de autoridad. En las administraciones de Madero y Larrazabal nos hicieron visitas al casino, se levantaron los sellos de clausuras y nunca encontraron absolutamente nada ilegal".