Candidaturas independientes serán tarea local

De acuerdo al proyecto de Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, actualmente en el Senado, corresponderá al Congreso del Estado definir los procesos concernientes al registro ...
La disposición aparece en la segunda fracción del artículo 205 del documento.
La disposición aparece en la segunda fracción del artículo 205 del documento. (Leonel Rocha)

Monterrey

Será el Congreso del Estado quien decida el procedimiento para el registro, prerrogativas y requisitos para las candidaturas independientes en Nuevo León.

El proyecto de Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales que se circuló esta semana en el Senado y del cual MILENIO Monterrey tiene una copia, señala en la segunda fracción del artículo 205 lo siguiente:

"Las legislaturas de las entidades federativas emitirán la normatividad correspondiente en los términos de lo señalado por el inciso p) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución".

El texto sólo solicita que se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución.

Si bien en el estado, los legisladores de ambos partidos han estado "dando largas" al tema, señalando que esperan el "humo blanco" de San Lázaro, lo cierto es que podrían ir anticipando las reformas para que se pudieran aplicar en las elecciones del 2015.

El primer paso en el Poder Legislativo local ya se dio. El pasado 18 de marzo de este año y tras una década de análisis, se aprobó por unanimidad la primera vuelta de la reforma constitucional del artículo, que permitirá la postulación libre de cualquier ciudadano sin necesidad de que éste pertenezca a un partido político.

El periodo ordinario en el Congreso culmina el 30 de mayo, por lo que aún existe el tiempo necesario para que se hagan los cambios, incluso la celebración de un periodo extraordinario permitirá la aprobación de una segunda vuelta para la reforma constitucional y dar pie a la reglamentación de las candidaturas independientes.

La falta de acción sobre el tema ha sido una constante crítica a los diputados locales por parte de los organismos ciudadanos, especialmente por los integrantes del proyecto Vía Ciudadana, quienes desde el mes de marzo se conformaron para ir en busca de la postulación de candidatos a puestos de elección popular, que estén fuera de los partidos políticos.

Detalles de las reglas

Si la LXXIII Legislatura tomara los mismos parámetros que la federal, acotaría a tres candidatos independientes por cargo a elegirse; gobernador, alcalde y diputados locales.

Seleccionaría a aquellos que cuenten con el mayor apoyo de los ciudadanos y en caso de empate, el registro se concederá en el orden en que la solicitud haya sido entregada ante el instituto.

Para los cargos federales, el Consejo General del INE emitirá una convocatoria con los plazos para recabar el apoyo ciudadano correspondiente y los gastos que se pueden erogar.

En estos puestos, la ley pide 1 por ciento de la lista nominal para el cargo de presidente de la República y 2 por ciento en caso de senadores y diputados federales.

A partir de recibir su registro como aspirantes, podrán realizar actos tendientes a recabar el mayor porcentaje de apoyos, incluso utilizando medios de radio y televisión, "siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña".

Los aspirantes a candidato independiente para el cargo de presidente de la República, contarán con ciento veinte días; de senador, noventa días, y a diputado, contarán con sesenta días.

"Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, el conjunto de reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía en general, que realizan los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los términos de esta Ley".

Especifica la prohibición a los aspirantes, en todo tiempo, la contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión, advirtiendo que la violación a esta norma se sancionará con la negativa de registro o, en su caso, con la cancelación.

Señala que los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano se financiarán con recursos privados de origen lícito, en los términos de la legislación aplicable, y estarán sujetos al tope de gastos que determine el Consejo General por el tipo de elección para la que pretenda ser postulado.