Asegura NL que no hay riesgo de perder El Salto

Eugenio Valdés Adamchik, consejero jurídico de la Tesorería de Nuevo León, afirmó que el estado apelaría el fallo de los tribunales o lo llevaría a una segunda instancia si no le favorece.
La defensa del Gobierno insiste en que el juicio no corresponde a la vía civil ni al juzgado de Doctor Arroyo.
La defensa del Gobierno insiste en que el juicio no corresponde a la vía civil ni al juzgado de Doctor Arroyo. (Roberto Alanís)

Monterrey

El paraje turístico El Salto no está en riesgo de pasar a manos de particulares y el Gobierno Estatal apelaría a la segunda instancia en caso de que el fallo de los tribunales no les favorezca, afirmó el consejero jurídico de la Tesorería del Estado, Eugenio Valdés Adamchik.

Luego de que MILENIO Monterrey diera a conocer el litigio entre una familia y el organo estatal por esta propiedad en el municipio de Zaragoza, el representante de la administración afirmó que este caso ha sido largo y podría prolongarse aún más.

"El Tribunal Superior de Justicia podría llevar el caso en segunda instancia, que la parte que resulta afectada promueva un juicio de amparo buscando tener una resolución a favor.

"Estimamos que este asunto va a llevar aun algún tiempo hasta su sentencia definitiva y pueden ser años inclusive lo que se puede tardar".

Señaló que la defensa del Gobierno Estatal insiste en que el juicio debe llevarse en Monterrey y por la vía mercantil y no en los juzgados de Doctor Arroyo por la vía civil, como lo hicieron los demandados.

En cuanto al incidente pendiente en el Tribunal Superior de Justicia, Valdés Adamchik insiste en que la materia debe ser mercantil porque se trata de un fideicomiso.

"Es lo que se tiene que resolver, porque por una parte se tienen elementos que te dan a entender que es juicio de naturaleza civil, pero otros de naturaleza mercantil y los antecedentes que tenemos es que cuando existen este tipo de elementos, debe ser resuelto en la materia mercantil, son los antecedentes que tenemos de casos anteriores", dijo.

Valdés Adamchik insistió que el tema de la competencia, que se encuentra en el pleno del Tribunal Superior de Justicia no resuelve el fondo del asunto porque es convicción del estado que se debe ir por esta vía e insistirán sobre ello.

Sin embargo independientemente de la resolución sobre la materia o el territorio el caso será llevado a segunda instancia en caso de que la resolución no les favorezca y sería el pleno de Tribunal Superior de Justicia quien daría el veredicto final.

En última instancia, si el Gobierno Estatal perdiera el caso, no significa que el paraje turístico esté en riesgo y si bien pudieran restituir la propiedad a la familia, esto no significa que debiera ser el sitio exacto donde se encuentra el desarrollo turístico.

"El Gobierno del Estado va a seguir defendiendo conforme a derecho y en los términos que decidan los tribunales", puntualizó.

Asimismo aclaró que el Fideicomiso se celebró en 1986 por lo que los derechos de la familia Cerda López ya prescribieron.

Afirmó que la demanda civil se presentó 22 años después, en 2008, por lo que a lo largo de este tiempo tanto los particulares demandados como el Gobierno del Estado han estado ejerciendo sus derechos de propiedad con documentos legales y públicos.

"Esto nos da una presunción de legalidad de los actos de Gobierno adicionales al tema de prescripción de los derechos que alguien pudiera alegar tener porque ya transcurridos estos años ya se encuentra prescrito el derecho de estas personas para querer reclamar lo que están solicitando", dijo.