Aplican 'candados' para esquema APP

La medida, que busca evitar endeudamiento excesivo del Estado, es susceptible de veto.
Los planes de financiamiento tendrán que pasar por el Legislativo.
Los planes de financiamiento tendrán que pasar por el Legislativo. (Carlos Rangel)

Monterrey

El Congreso del Estado acotó las posibilidades de adquirir deuda de forma indiscriminada por parte del Gobierno del Estado, al aprobar reformas a la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), para que los financiamientos adquiridos bajo este esquema pasen por el Legislativo.

Se trata de reformas a los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, y 10 de dicha Ley, para establecer que los proyectos de APP podrán realizarse entre instancias de los sectores público y privado exclusivamente cuando se trate de proyectos de inversión en infraestructura productiva y proyectos de prestación de servicios que se demuestren sustentables.

La propuesta había sido presentada por el grupo legislativo del PAN cuando aún contaba con la mayoría y fue aprobado por la Comisión de Hacienda del Estado.

El diputado Fernando Elizondo Ortiz presentó el dictamen durante la sesión de ayer, el cual se aprobó por mayoría.

"Los proyectos de asociación público privada también podrán utilizarse para desarrollar proyectos en los que conjuntamente con el Estado o sus municipios, participen otras instancias del sector público, organismos intermedios, instituciones del sector social y en general cualquier persona o institución que goce de personalidad jurídica, excluyendo los fideicomisos", cita el dictamen.

Las modificaciones contemplan que en los proyectos de APP se excluirá la participación de los fideicomisos.

"Una motivación fundamental para que los gobiernos consideren las asociaciones público-privadas es que éstas brindan la posibilidad de traer nuevas fuentes de financiación para llevar a cabo los proyectos de infraestructura pública y los servicios relacionados necesarios", señaló Elizondo Ortiz.

Para su entrada en vigor, la reforma deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado a menos que el Ejecutivo opte por hacer observaciones a la misma, lo que se conoce como veto.