'Adiós' a la Subprocuraduría Anticorrupción; votarán ley

Sería a finales de año cuando deje de existir el área, a fin de evitar duplicidad de funciones y gastos innecesarios, afirma Barroso.
Señaló que otra de las figuras que aborda es la extinción de dominio.
Señaló que otra de las figuras que aborda es la extinción de dominio. (Archivo)

Monterrey

El Congreso del Estado prepara para este martes la aprobación de la segunda vuelta constitucional para avalar las bases del Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León.

La Fiscalía Autónoma, la extinción de dominio, auditorías en tiempo real, designación de contralores del Estado y Poder Judicial, serán parte de las reformas que se prevén sean aprobadas en breve.

Ángel Barroso Correa, presidente de la Comisión Anticorrupción, explicó que una vez que se avalen las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción, se desaparecerá la Subprocuraduría Anticorrupción.

"Para evitar que haya duplicidad de funciones, es decir, doble gasto de los impuestos de los ciudadanos al haber una Subprocuraduría y una Fiscalía, simplemente se elimina y lo estamos dejando en el dictamen como transitorio, todo lo que se contraponga a las obligaciones que tendría la fiscalía autónoma desaparecen.

"Una vez que ya funcione el Sistema Estatal Anticorrupción, que estén claras las leyes secundarias, entonces no tendría que existir la Subprocuraduría porque la Fiscalía ya tendría", indicó.

Barroso Correa adelantó que se prevé que sea a finales del año cuando deje de existir la Subprocuraduría Anticorrupción.

Como parte de las reformas planteadas, se contemplan instalar una sala especializada en el combate a la corrupción para sentenciar administrativamente o penalmente cualquier acto de este tipo.

Para el nombramiento del fiscal Anticorrupción, el diputado panista manifestó que se contempla una convocatoria pública lanzada por el Congreso.

La extinción de dominio es otra figura que se contempla dentro de las reformas constitucionales y que incluso entraría en vigor una vez aprobada.

Esto, implicaría que aquel servidor público que sea involucrado en enriquecimiento ilícito tendrá que regresar lo que se llevó o robó.

A su vez, de avalarse la segunda vuelta de reformas, se hará obligatoria la declaración patrimonial, de conflicto de intereses y declaración fiscal. Con ello, se sabrá cuanto tiene un funcionario público al entrar y salir de su cargo y conocer presunto enriquecimiento inexplicable y quitarles en caso de daño al erario.

Alistan ajustes a Ley de Participación Ciudadana

El presidente de la Comisión de Legislación, Héctor García García, manifestó que ya se realizan los últimos detalles a la Ley de Participación Ciudadana para aprobarse este martes.

Mencionó que entre los puntos en controversia hay tecnicismo en las formas de organización de ciudadanos, no obstante, manifestó que se prevé también su aval en comisiones a la brevedad.