Ley contra empistolados, en la cancha del congreso

Se reunieron los secretarios de Seguridad de los estados de la región Occidente en el C5i en Silao; discuten temas de armas y robo de gasolina. 
Álvar Cabeza de Vaca (centro), encabezó la reunión entre Secretarios de Seguridad Pública.
Álvar Cabeza de Vaca (centro), encabezó la reunión entre Secretarios de Seguridad Pública. (Cortesía)

León, Gto

En la reunión de trabajo que sostuvieron ayer en Guanajuato Secretarios de Seguridad del país, pusieron sobre la mesa la urgencia de que se considere prisión preventiva oficiosa a los que sean detenidos relacionados con el tema de armas de fuego y robo de hidrocarburo.

El secretario de Seguridad de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, confirmó a MILENIO que un tema que se discutió fue el problema que hoy enfrentan las entidades y las diferentes corporaciones de seguridad al detener hombres con armas exclusivas del Ejército y al enfrentar el proceso legal son liberados por los jueces federales.

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“La visión es común y compartida”, explicó Cabeza de Vaca, luego de la reunión que se sostuvo donde también se acordó la importancia del intercambio de información entre los estados para agilizar el combate contra la delincuencia.

En la Mesa de Trabajo Operativa de Secretarios de Seguridad zona Occidente que se realizó ayer en el C5i, ubicado en Silao, participaron mandos de seguridad de Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Zacateca, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, quienes coincidieron en la prisión preventiva oficiosa.

“Que es urgente y prioritario para el país añadir al catálogo de prisión preventiva oficiosa, el tema de armas de fuego e hidrocarburos. Sentimos que los legisladores no tienen las mismas prioridades que comparten al unísono gobernadores, procuradores y secretarios de Seguridad”, detalló Álvar Cabeza de Vaca.

Hoy en el catalogo de delitos que ameritan prisión preventiva de acuerdo a lo marca el artículo 19 Constitucional, solo considera: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

El Secretario de Seguridad enfatizó que ayer el tema fue tratado en la Conferencia de Procuradores, Secretarios de Seguridad y Gobernadores, por lo que el “balón” está en la cancha de los legisladores federales.

MILENIO ha documentado diferentes casos como el ocurrido la semana pasada donde un hombre que trasladaba 12 mil cartuchos útiles para abastecer armas de alto poder, fue detenido en el tramo carretero Salamanca-Morelia; sin embargo un Juez Federal negó la prisión preventiva y hoy enfrenta el proceso en libertad.

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El Juez solo le fijó una multa que no rebasa los 10 mil pesos y le ordenó acudir a firmar cada 15 días.

Marco Antonio Sánchez Aparicio, secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad, ayer destacó en la reunión la importancia del intercambio de información entre los estados con el objetivo de hacer aún más eficiente la operatividad desarrollada por las policías estatales en el combate a las conductas delictivas que tienen efecto entre un estado y otro, pese a las circunstancias que hoy enfrentan.

Pide Colegio de Abogados castigar a empistolados

Ante la situación actual que se presenta en el estado de Guanajuato y en otras partes del país, en donde las personas que son detenidas con armas de uso exclusivo del Ejército y que enfrentan su proceso en libertad por no considerarse como un delito grave, el Colegio de Abogados de León exige al Congreso Federal se cite de manera extraordinaria para resolver el tema de armas y se sancione con mayor gravedad este delito.

Jorge Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados de León, señaló que la institución que representa no está de acuerdo en que a las personas que se les encuentre con arsenales y armas sean liberados.

Detalló que aunque la portación armas de uso exclusivo del Ejército no se considera como un delito grave en Guanajauto, si se tienen medidas cautelares, que los juzgadores pueden utilizar a consideración para no dejar libres tan fácilmente a estas personas, mientras sea investigado por algunos otros actos delictivos que se le asocien.

"El Colegio de Abogados solicita a los juzgadores en materia federal que consideren la situación, y sí, se tiene que estar apegado a la ley definitivamente, pero hay elementos más allá, con los cuales se pueden hacer valer como autoridad para poder hacer y evitar que estas gentes salgan con la mayor facilidad", señaló Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados de León.

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Recalcó que si los juzgadores pusieran en marcha estas medidas cautelares, se podría encontrar la posibilidad de mantener a los sujetos detenidos en prisión, sin embargo, estas acciones quedarían a consideración de cada juzgador.

Milenio publicó el día de ayer que priistas presentaron una iniciativa con la que aplicarían medidas cautelares a jueces, las cuales consisten en aplicar el Control de Confianza a los juzgadores.

Ante esta iniciativa, Trejo aseguró que sí sería buena opción el implementarla y poder medir si realmente se cuentan con los jueces que hagan su trabajo correctamente y que no están siendo penetrados ni vulnerados por la mafia como en algunos casos se ha visto.

"Valdría la pena que fueran sometidos (a exámenes) y fueran sujetos a un proceso que su propia ley reglamentaria y su propio ordenamiento del cual emana su funcionamiento, que existiera un órgano intachable, impenetrable e inmaculado y que pudieran valorar si realmente están llevando el trabajo no solamente profesional. Si a un policía se le hace una prueba, sí valdría la pena que empezáramos por hacer un filtro en saber quién sí lo está haciendo y quién no", concluyó Trejo.