Derechos Humanos aplica 68 sanciones contra funcionarios

En esta administración estatal ya van 125 funcionarios con medidas disciplinarias
Raúl Montero de Alba, procurador de Derechos Humanos de Guanajuato.
Raúl Montero de Alba, procurador de Derechos Humanos de Guanajuato. (Archivo.)

León

La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato (PDHG) aplicó 68 medidas disciplinarias el año pasado con las cuales se sancionó a 44 funcionarios estatales y 24 empleados0 municipales, según detalla el informe presentado al Congreso del Estado.

De estas 68 sanciones, 32 fueron amonestaciones, 10 funcionarios fueron arrestados, 11 causaron baja, se aplicó un extrañamiento, una inhabilitación, se hicieron tres llamadas de atención por escrito, se notificaron tres notas malas en hoja de servicio, además de dos remociones y cinco suspensiones.

En lo que va de la actual administración estatal ya suman un total de 125 funcionarios a quienes se les han emitido medidas disciplinarias, mientras que en el mismo período se ha castigado a 172 empleados municipales; por lo que suma del 2012 a la fecha 297 burócratas sancionados.

Las medidas emitidas en el período que se informa fueron 10 menos en comparación con el 2015, donde la cifra fue de 78, el año en el que se han aplicado más sanciones.

Estas medidas se aplicaron a diferentes dependencias estatales y municipales; de las cuales 27 es decir el 39.7 por ciento del total se aplicaron a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en 19 casos se sancionó a funcionarios municipales de seguridad; 14 sanciones se aplicaron a la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), cinco a direcciones municipales, dos a la Procuraduría General de Justicia del Estado y una al Instituto Tecnológico Superior de Irapuato.

En el informe se detalla que cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos solicita "previo procedimiento disciplinario" se "sancione conforme a derecho proceda", es porque ante las investigaciones efectuadas con motivos de la queja presentada, quedó plenamente acreditado que el servidor público a quien se le imputó la conducta transgresora, incurrió en una violación a los derechos humanos.

En el tema de Procuración de Justicia se informó que fue a la baja en un 15 por ciento respecto el 2015, además de ser la menor cantidad presentada desde el 2009.

Los principales hechos de queja denunciados fueron 20 casos por el ejercicio indebido de la función pública, 17 por lesiones, 16 de tortura, 15 detenciones arbitrarias, 12 violaciones del derecho de acceso a la justicia y 120 casos por distintos hechos.

Pero esto no ocurrió en el tema de salud, donde el número de recomendaciones registró un crecimiento histórico en contra de la Secretaría de Salud, al sumar 62 un 27 por ciento más que el 2015.

Un total de 47 recomendaciones fue por la inadecuada prestación de servicio público, 9 por trato indigno, 2 por abuso sexual, 2 por violación al derecho, 1 por falta de diligencia y 1 por violación al derecho de petición.