Un grupo de cuatro cajas de ahorro interpondrá una denuncia en contra del titular de Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Mario Di Constanzo, por haber dado a conocer una lista con instituciones que según él están a punto de la quiebra.
Así lo anunció el presidente de Alianza Cooperativista Nacional (Alcona) y la de Federación Bajío de Cooperativas, Rafael Martínez Ponce, quien dejó en claro que de las 10 cajas que no están autorizadas, cuatro están bajo su representación y operan con finanzas sanas.
“Va haber denuncias en contra de Di Constanzo vamos a pedir su destitución y vamos a hacerlo responsable de las afectaciones que se den en las cooperativas”, adelantó.
Martínez Ponce afirmó que el funcionario federal es intermediario entre los usuarios y el prestador de servicio, por lo que solo debería difundir lo que concierne a las sociedades de ahorro autorizadas y no aquellas cuyo proceso de regularización continúa en proceso o analizándose en los tribunales.
Martínez Ponce no descartó posibles afectaciones en los próximos días, para dichas instituciones que supuestamente “están en riesgo”.
“La gente ha estado yendo a las cooperativas y las afectaciones se darán en los próximos días (…)”, alertó.
Detalló que por hacer dichas publicaciones, la Caja de Ahorro “Dinámica” interpuso en su momento una denuncia, la cual ganó, pero al igual que esta institución hay otras más no autorizadas que procedieron con este recurso legal.
El representante de la federación, Martínez Ponce, señaló que las cajas afiliadas a Alcona son Caja Estación Joaquín Guanajuato; Caja Popular Independencia; Caja Popular Santa Cruz y Caja de Ahorro Dinámica, de las que garantizó operan adecuadamente.
“Las cuatro que yo represento están bien y además están mejor que muchas de las autorizadas”, afirmó.
Precisó que el problema de las sociedades no autorizadas proviene desde que se inició con el proceso de regularización, bajo la aplicación de ley de Ahorro y Crédito Popular que se reformó en el año 2009.
Esta ley entre sus especificaciones, señalaba que se tenían que hacer adecuaciones afines a las cooperativas de ahorro, instituciones sin afán de lucro que pertenecen al sector social y por ello no convivían con la regulación bancaria, a las que se les pretendía integrar.
Dichas adecuaciones eran trabajo que correspondía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero después de más de dos años no cumplieron con estas disposiciones.
Por lo anterior, las cooperativas a nivel nacional quedaron a la deriva, pues por un lado esperaban las adecuaciones de ley y por otro estaban los tiempos establecidos, lo que apresuró a proceder a la regularización en un plazo de seis meses.
A esto, se sumó que el gobierno no trabajó la estructura del Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop), lo que es prácticamente el fondo de protección.
“Derivado que emitieron las disposiciones casi dos años después había un registro y una entrega de información, cuando entregas la información y no es un formato como ellos querían en el Focoop, dieron por no presentada la información y ese es el estatus que le dieron de que no cumple con la ley”, dijo al atribuir el problema a la SHCP y Focoop, pues los balances e información financiera tenía que ir en un formato que ellos debieron haber diseñado desde el 2011.
Al no sincronizarse la ley con los gobiernos de los estados, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la salida ordenada con traslado de activos y pago ahorradores con participación de gobierno federal y estatal.
