JLCyA ordena embargo de cuentas bancarias del Ayuntamiento

Hasta septiembre, el importe asciende a 15 millones 164 mil pesos, obtenidos a través de laudos de ex trabajadores de Torreón.

Torreón

Hasta septiembre, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ordenó el embargo de las cuentas bancarias que están a nombre del municipio de Torreón por un importe de 15 millones 164 mil pesos, obtenidos a través de laudos de ex trabajadores del municipio.

Según la cuenta pública, en julio se tenían señalados para embargo 11 millones 959 mil pesos, lo que a agosto se incrementó a 14 millones 405 mil pesos y en septiembre suman 15 millones 164 mil pesos, lo que se refleja en el informe bajo el concepto de "depósitos en garantía".

La segunda Síndico de Vigilancia, Natalia Virgil Orona, solicitó la aclaración del concepto a los contadores José Osvaldo Zárate y Jorge Ortiz Torres, quienes acudieron a la pasada comisión de Hacienda como representantes de la Tesorería municipal, acompañando a la directora de Ingresos, quienes explicaron que corresponde a embargos laborales ordenados por la junta local.

Virgil Orona comentó que la Tesorería municipal ha cambiado constantemente el número de cuenta bancaria "con el fin de eludir la responsabilidad y la obligación de cumplir con los laudos laborales".

[b]El recurso de embargo[/b]

Al respecto, el encargado del área de comunicación de la Tesorería, dio conocer que en la dependencia se desconoce lo referente a los procedimientos laborales.

El embargar cuentas, es un recurso que manejan los abogados, cuando obtienen un laudo a favor, que integra desde embargo de cuenta, hasta embargo de garantía en especie, para la recuperación del pago que se le adeuda al extrabajador.

El ayuntamiento está en su derecho de defenderse, como la parte patronal, cambiando los recursos de cuenta, además de que existe un concepto legal que define que los bienes federales y aquellos que están etiquetados o asignados a determinada obra o desarrollo, no son embargables.

La Tesorería municipal habló de un pasivo laboral de hasta 30 millones de pesos por cubrir, lo que depende de las setencias y los procedimientos que se den.