Rezago en Jalisco atora libertad de 1,500 reos

Tan sólo en el primer partido judicial se resolvieron 480 casos, pero unos 800 reos que ya deberían estar en la calle siguen en la cárcel. El resto, son de otros municipios.
El representante de los jueces indicó que se requieren para la ZMG cuatro juzgados de ejecución de sentencias.
El representante de los jueces indicó que se requieren para la ZMG cuatro juzgados de ejecución de sentencias. (Especial)

Guadalajara

El rezago en Jalisco para actualizar su legislación y su estructura en la administración de la justicia ya tuvo sus primeras víctimas: unos 1,500 reos con derecho a preliberación tuvieron que esperar durante varios meses a que las autoridades se pusieran de acuerdo acerca de a quién le correspondía el trabajo, de los cuales unos 800 todavía siguen privados de la libertad.

Y el panorama para ellos no es muy claro todavía, pues las autoridades ni siquiera saben qué sucede en esta materia. Mientras el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Luis Carlos Vega Pámanes, asegura que ya encontraron un mecanismo para desahogar estos casos, turnándolos a un juez diferente al que lleva la causa, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Héctor Pizano Ramos, afirma que ya hay jueces de ejecución de penas nombrados.

Pero ninguna de las versiones es exacta. Es cierto que se nombraron tres jueces de ejecución de penas, pero no han comenzado a ejercer su función porque no se asignaron recursos para pagarles su sueldo, personal ni espacio. Por ello, esta labor ha tenido que ser asumida por los jueces de primera instancia, pero el mismo que lleva el procedimiento. Es decir, el mismo juez que dicta una sentencia debe decidir unos días después si concede un beneficio al reo, convirtiéndose en juez y parte.

A lo anterior hay que sumar que los jueces de primera instancia están rebasados en la carga de trabajo y que tuvieron que asumir además la atribución de conocer de narcomenudeo, explicó el representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura, Jaime Gómez. Mientras las autoridades se ponen de acuerdo y deciden cómo resolverán este conflicto, cerca de mil reos en todo el estado siguen esperando su libertad, contribuyendo al hacinamiento en los diferentes centros penitenciarios.

El origen de este conflicto es la reforma que se hizo a la Constitución federal en 2008, a través de la cual se determinó que era una atribución del Poder Judicial y no del Ejecutivo todo el procedimiento para la ejecución de una sanción, que abarca desde la verificación de que esta se cumpla; que se respeten los derechos de la persona sancionada; los castigos a los que se haga acreedor mientras está en prisión hasta la libertad anticipada o por el cumplimiento de la sentencia.

Los estados tenían hasta el 19 de junio de 2011 para hacer la homologación de su legislación local. Jalisco debía desaparecer el comité técnico que dependía del Poder Ejecutivo y dejar la atribución al Poder Judicial, pero no lo hizo.

A partir de esa fecha se presentaron amparos contra las diferentes decisiones y omisiones relacionadas con la ejecución de penas, los cuales siempre fueron favorables a los ciudadanos, aunque hubo dos criterios diferentes en las sentencias: uno que debía resolver el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otro más dándole la tarea a los jueces de primera instancia.

Finalmente, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Ejecución de Penas, en la que daba la atribución en la materia al SJTE, la cual entró en vigor el 1 de enero de este año. Los legisladores crearon el Tribunal de Ejecución de Penas.

En la misma reforma, se estableció un plazo de 60 días para que el Poder Ejecutivo realizara las modificaciones al presupuesto que fueran necesarias, para que el tribunal entrara en funcionamiento. Ante estas circunstancias, las peticiones sobre los beneficios de preliberación ya se presentan directamente ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En marzo pasado, el pleno del STJE, determinó que, en la búsqueda de respetar los derechos humanos de quienes son sometidos a un proceso penal, es mejor que la ejecución de la sentencia sea llevada por la autoridad cercana al lugar donde se encuentran recluidos, para garantizar “la inmediación que debe regir en el proceso”. Lo anterior, aunado a la falta de infraestructura para aplicar las reformas.

Ante esa situación, a través de una “circular”, se informó que “se establece competencia a los jueces especializados en materia penal y jueces mixtos de primera instancia” del estado, para “conocer de los beneficios de libertad anticipada, como son prelibertad, libertad condicional, libertad con reducción parcial de la pena y libertad con reducción total de la pena”.

El Consejo de la Judicatura, con el compromiso de apoyo de los tres poderes en la entidad, nombró el 26 de mayo dos jueces de ejecución de sentencias y otro más el 4 de agosto. Sin embargo, no han podido entrar en funciones porque no hay recursos asignados por parte del Poder Ejecutivo.

Ante esa situación, confirmó el consejero Jaime Gómez, son los mismos jueces de primera instancia los que llevan la ejecución de sanciones, a pesar de la contradicción jurídica que esto implica y de que no tienen capacidad para desahogar todo el trabajo.

Claves

¿Qué es la ejecución de penas?

Objetivos de la Ley de Ejecución de Penas

- Regular la ejecución y vigilancia de las sentencias que se dicten a quienes cometen un delito

- Coordinación entre las autoridades que intervienen en la ejecución y vigilancia de la sentencia

- Integrar un sistema de reinserción social

- Dar seguimiento a quienes son sentenciados y garantizar su reinserción social

- Vigilar el cumplimiento de la prisión preventiva

Autoridades

- La ley establece que deben ser los juzgados de primera instancia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pero esta figura no existe. Los juzgados dependen administrativamente del Consejo de la Judicatura

- Se crea un tribunal de ejecución, que son las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en materia penal

- La Fiscalía general (antes la Secretaría de Seguridad), tiene la atribución para la administración y dirección de los centros penitenciarios

- Atribuciones para quien ejecuta las sentencias

- Supervisar que la pena a la que sea sentenciada una persona que cometió un delito se cumpla

- Verificar que la persona sentenciada sea clasificada de manera adecuada, para garantizar su reinserción social

- Mantener, sustituir, modificar o revocar la pena a la que sea sentenciada una persona

- Resolver sobre el otorgamiento o negación de cualquier beneficio relacionado con una pena

- Supervisar que se cumplan las condiciones impuestas a cambio de un beneficio de preliberación y la reinserción

- Ordenar que cese una pena o medida de seguridad una vez que transcurrió el plazo que se fijó

- Supervisar que se respeten los derechos de quienes cumplen una sentencia

Libertad anticipada

- Conmutación de la pena

- Suspensión condicional de la pena

- Prelibertad

- Libertad condicional

- Libertad con reducción parcial de la pena

- Libertad con reducción total de la pena

El largo camino de la reforma

- 2008 en junio se publica la reforma a la Constitución federal, a través de la cual se determina que la facultad de la ejecución de sanciones es del Poder Judicial federal y en los estados

- 19 de junio de 2011 vence el plazo para que los estados hagan la adecuación a sus leyes sobre ejecución de penas. Jalisco no lo cumple

- 15 de octubre de 2012 se aprueba en el Congreso del Estado la nueva Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Jalisco

- 15 de noviembre de 2012 se publica en el periódico oficial El Estado de Jalisco la nueva Ley de Ejecución de Penas, que determina la creación de un Tribunal de Ejecución de Penas, dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

- 1 de enero de 2014 entra en vigor la nueva Ley de Ejecución de Penas

- 3 de marzo de 2014 el pleno del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco determina que la ejecución de penas es atribución de los jueces especializados en materia penal y los jueces mixtos de primera instancia

- 26 de mayo de 2014 se nombran dos jueces de ejecución de penas

- 4 de agosto de 2014 se nombra un juez de ejecución de penas. Ninguno ha entrado en funciones