Acusan a la CFE y Nayarit de “engaños e intimidación”

Encapuchados con armas de alto poder rodearon el comisariado de bienes comunales de San Pedro Ixcatán.

El domingo 15 de diciembre pasado, funcionarios del gobierno nayarita, de dependencias federales y de la Comisión Federal de Electricidad,  “convocaron, impusieron el orden del día y manipularon a su antojo la asamblea de comuneros de San Pedro Ixcatán y sus anexos”, para votar en su favor asuntos relacionados con la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces.

 

En un comunicado de prensa, se describe el “ambiente tenso, alimentado por la presencia de numerosos elementos fuertemente armados de los diversos cuerpos policíacos del estado”, en el cual “José Antonio Dehesa funcionario de la CFE, solicitó la anuencia de la asamblea para llevar a cabo “los estudios que se requieren para poder tomar la decisión de construir la presa”, aunque en la convocatoria de este 15 de diciembre los puntos a tratar eran referente a las autorizaciones para: cambio de uso de suelo, realización de estudios técnicos de medición para el inicio de los trámites expropiatorios, que la mesa directiva pueda firmar convenios para la ocupación previa, y obras compensatorias relacionadas con el proyecto hidroeléctrico”.

 

Desde la asamblea ordinaria del 24 de noviembre, “los comuneros manifestaron su inconformidad ante la imposición de estos puntos asociados a los trámites expropiatorios para la construcción de la presa, obteniendo como respuesta de las autoridades agrarias “que estos puntos no estaban referidos a la expropiación ni a decisiones para la construcción de la presa, que esa etapa vendría después, que se trataban de sólo estudios necesarios para saber si en su momento sería posible o no la construcción de la presa, pero que luego regresarían para consultarlos y que ellos determinaran si querían o no la construcción de la presa”.

 

Estas aseveraciones fueron manejadas en distintas reuniones por autoridades como el secretario de gobierno del estado, José Trinidad Espinoza; el delegado de la CDI, Sergio González García; la procuradora agraria, Hilaria Domínguez Arvizu, y el delegado del trabajo en Nayarit, Carlos López Dado; “funcionarios que, haciendo uso indebido de su autoridad, se  han integrado como equipo para viciar la voluntad de los comuneros”.

 

Así, “una vez más quedó claro que el interés de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas no son los indígenas: el traductor que contrató para la asamblea se dedicó a dar mensajes sobre la conveniencia de aceptar las anuencias. Por las condiciones de marginación en las que se encuentran las comunidades coras, muchos de los presentes no saben leer ni escribir, y la mayoría de los indígenas han sido presionados para votar aprovechándose de las serias dificultades para entender a cabalidad conceptos expresados en español”.

 

Eduardo Pizano, “presidente de debates impuesto, cora controversial, político recientemente resucitado e intérprete autodesignado, señaló que las anuencias solicitadas son sólo para estudios, que no son para la construcción de la presa, que realmente se trata de oportunidades para obtener apoyos y que la autoridad está comprometida con la comunidad”.

 

El comunicado de la comunidad nayeri puntualiza: “Mientras los argumentos de los promotores de la presa aseguraron que la convocatoria sólo incluía la realización de estudios y nada sobre la expropiación, en el documento impreso se observan tres puntos sobre la expropiación de las tierras de la comunidad: a) Inicio del procedimiento de expropiación, b) Convenio de obras y servicios de compensación social, y c) Convenio de ocupación previa. En la convocatoria se contempla el punto sobre la anuencia para realizar  “estudios técnico de medición para el inicio de procedimiento de expropiación”, esto es, para hacer los planos que la CFE anexará a la solicitud de expropiación de las tierras comunales ante la SEDATU (antes Secretaría de Reforma Agraria). Para presentar esa solicitud la CFE no requiere de otra anuencia posterior de la asamblea y la SEDATU sólo está obligada a notificarle a la comunidad para que se defienda en el plazo de 10 días hábiles.

 

El convenio de ocupación previa tiene por objeto que la comunidad permita a la CFE utilizar una superficie de las tierras comunales para empezar a construir la cortina y demás obras de la presa Las Cruces antes de que termine el trámite de la expropiación. Es decir, la CFE podría llevar a cabo la construcción de la presa  aun antes de que la comunidad pierda esas tierras y se le pague la indemnización.

 

En el punto VII de la convocatoria se establece la anuencia para que el Comisariado “revise” con la CFE el convenio de ocupación previa, ocupación temporal y para las servidumbres de paso, por lo que existe el riesgo de que no se informe adecuadamente a la asamblea sobre el contenido de ese convenio, sobre qué superficie se va a afectar, dónde se ubica, que obras y actividades  se realizarán, etc.

 

En el punto VI de la convocatoria se incluye la anuencia para que el Comisariado firme con la CFE un convenio de compensación social y de apoyos sociales, lo cual no es más que el pago a cambio de que la Comisión realice la ocupación previa de  las tierras comunales, pero no se ha dado ninguna  información a la comunidad sobre esa compensación social, en qué consiste, cuáles son las obras y los apoyos que les van a dar, en qué forma y en qué tiempos.

 

“Las voces que denunciaron esta farsa fueron etiquetadas por la mesa de la asamblea como opositores a la obtención de beneficios, caldeando los ánimos y generando  riesgo de agresión entre mestizos e indígenas, históricamente antagonizados”.

 

Las contradicciones más relevantes entre lo manifestado en la convocatoria y lo expuesto por la mesa durante la asamblea son las siguientes: “En la asamblea se plantea el otorgamiento de la anuencia para realizar el cambio de suelo, lo cual no consiste en la realización de nuevos estudios por parte de la CFE o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Los estudios sobre el bosque ya están hechos por la CFE. Más bien se trata de darle la anuencia a CFE para que inicie el trámite de la autorización de uso de suelo ante la Semarnat para el desarrollo (construcción) de la presa de las Cruces”.