Pide fiscal a los municipios denunciar litigios 'pato'

Señala que en casos de abuso de abogados talibanes en los juicios laborales se les puede hacer frente si se unen y lo combaten en todas las instancias.
Zapopan ha destinado 20 millones de pesos para laudos que no se han pagado porque siguen los procesos abiertos
Zapopan ha destinado 20 millones de pesos para laudos que no se han pagado porque siguen los procesos abiertos (Milenio)

Guadalajara

Al saqueo que se hace a las arcas municipales en Jalisco por medio de juicios laborales, se le puede hacer frente si los municipios, el Congreso del estado, el Poder Judicial y la Fiscalía se unen y lo combaten, consideró el fiscal Eduardo Almaguer, que pidió a los alcaldes que denuncien los casos que ocurren en sus demarcaciones.

El fiscal dijo respaldar la postura del presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, con respecto a hacer frente a la mafia de abogados y funcionarios que han encontrado en los juicios laborales un modus vivendi con ingresos millonarios a costas del erario, "el alcalde de Tlajomulco tiene todo el apoyo del fiscal general, estamos revisando en qué términos está la denuncia (que presentó), uno de los abogados involucrados, lo conozco por las investigaciones que hicimos, participaba en los procesos del SIAPA".

No obstante, Almaguer Ramírez hizo hincapié en la importancia de que municipios y particulares "realicen sus denuncias para cerrarles las puertas a estos criminales", pues se trata de un tema que se debe revisar a fondo por los diputados, el Poder Judicial, la fiscalía "para que todos cerremos filas y evitar que estos criminales de cuello blanco sigan afectando las finanzas públicas".

Tres casos en Tlajomulco

Entre las historias de estos juicios, se encuentran algunas que para Tlajomulco son evidencia de corrupción, "tenemos casos emblemáticos por los cuales pretenden suspender de sus actividades al presidente", señaló Enrique Cerda, director jurídico municipal, "uno de estos es Claudia Julissa Araceli Carrillo Torres, que de 2007 a 2009, trabajó como directora de recursos humanos, posteriormente interpuso una demanda por la que fue reinstalada y se ordenó pagar una cantidad de 2.7 millones de pesos", y luego otras dos por supuestos despidos injustificados, en tanto que Abelardo Cadenas Ureña, director general de Desarrollo Social, fue reinstalado en 2014, y de igual manera presentó dos demandas más, con litigios por más de 3 millones de pesos, en tanto que Antonio Barbosa Sánchez, presentó un par de demandas por más de 2,7 millones de pesos, "estas tres personas exigen 10 millones de pesos al ayuntamiento, y las tres se encuentran representadas por el mismo abogado Miguel Ángel Gómez Partida", sentenció el director jurídico.

Por otra parte, Jorge González Garcilazo, Juan José Espanta Borceguín y Nicolás Ramírez Madrigal, han sido reinstalados en el gobierno municipal, a pesar de que en el caso de Nicolás, "¿sabes de quién se trata? es hijo de la ex regidora Carmen Madrigal, y decide no obstante que su mamá le ayudó a entrar a trabajar, demandar al propio ayuntamiento y ahora lo tenemos reinstalado", y cobra como jefe, pero según información del municipio, no hace las funciones que debería".