Luego de que este medio diera a conocer que la Oficina de Combate a la Corrupción de Guadalajara, tiene un costo anual de 80 mil pesos para su operación y dos millones de pesos para el pago de nómina, de los cuales poco más de un millón de pesos son para el pago del sueldo de su titular, José de Jesús Sosa López (el cual gana 43 mil pesos a la quincena, sólo 13 mil pesos menos que el presidente municipal), el zar anticorrupción dijo que no podía cuestionar nada sobre esto.
“Ustedes dicen que es un costo excesivo gastar más de dos millones de pesos al año y dicen que mi salario es más grave. Sin duda alguna son datos que ahí están y yo no los voy a cuestionar ni los voy a comentar”, dijo.
El zar anticorrupción agregó que el ayuntamiento no puede gastar una fortuna en el combate de este problema: “Si les parece una fortuna, ese es el criterio de ustedes, pero el ayuntamiento no puede gastar una fortuna en prevenir la corrupción, estas doce personas [total de empleados de la oficina] trabajamos intensamente”.
Reconoció que lo ideal es que los recursos que destinan actualmente para combatir la corrupción deberían destinarse a programas de gobierno, sin embargo, subrayó que es necesaria la permanencia de esta área, hasta que logre su objetivo de erradicar este problema.
Con relación a que en estos cuatro años en los que ha operado la oficina, ha sido permanente y seriamente cuestionada por su desempeño, sobre todo en los últimos meses en los que se dieron a conocer públicamente casos como el de la regidora Elisa Ayón que destapó las presuntas corruptelas que se presentaban en el área de Panteones, Sosa López reconoció que el trabajo no ha sido satisfactorio, pero niega que no haya resultados.
“Podremos ser imperfectos. […] No atenderla con la suficiencia o capacidad que quisieran los ciudadanos, pero nosotros sí tenemos el compromiso de combatir la corrupción. […] Los resultados no son plenos, en eso estamos de acuerdo”, destacó.
A su vez, dijo que el trabajo que realiza la dependencia que él encabeza no tiene que ver con satisfacer morbos o intereses: “¿Qué serían los buenos resultados para ustedes: Que sentenciáramos, que les trajéramos cabezas sangrantes de estos son los corruptos del ayuntamiento?”; y agregó: “No vamos a entregar cabezas ensangrentadas”.
Subrayó que el trabajo de ellos tiene que ver con la forma en que esta oficina evita que la corrupción afecte las operaciones cotidianas del ayuntamiento.
Sosa López aseguró que sí se ha dado resultados, pues dijo que a la semana reciben de 40 a 60 denuncias (de las cuales el 60 por ciento tiene que ver con un mal servicio), que desde su llegada se han implementado normas internacionales y locales de combate a la corrupción, como la implementación del usuario simulado, la pega de carteles que invitan a presentar quejas y denuncias, los cursos y talleres a servidores públicos, y las recomendaciones a las dependencias municipales para mejorar su desempeño, entre otros.
Reiteró que se han elaborado 1, 300 expedientes, de los cuales se ha resuelto alrededor del 87 por ciento, así como también que se han investigado a mil empleados, de los cuales sólo de 50 se ha comprobado que incurrieron en alguna irregularidad, como es el caso de panteones, donde fueron cesados de su cargo los cinco administradores de los cementerios y los responsables de los dos crematorios.
Sin embargo, mientras destaca que el trabajo de la oficina es prevenir los actos de corrupción, omite decir que las investigaciones en esta última área iniciaron a partir de la publicación de grabaciones en donde se evidenciaban las irregularidades que existían, así como en Inspección y Vigilancia por el tema del ambulantaje, donde había incontables señalamientos.
Dijo que en Panteones sí se detectaron irregularidades graves, pero no las que se señalan en la declaración ministerial de Elisa Ayón, como es el caso de las exhumaciones ilegales.
IRREGULARIDADES PERO NO EXHUMACIONES ILEGALES
-De acuerdo a las investigaciones de la Oficina de Combate a la Corrupción de Guadalajara, en el área de Panteones se detectaron una serie de irregularidades, algunas graves, pero no las que señaló la regidora Elisa Ayón en su declaración ministerial, en la que denunció que se presentaban exhumaciones ilegales, aseguró el titular del área, José de Jesús Sosa López.
“[Detectamos] situaciones muy graves, se denunciaron ante la Contraloría, un manejo inadecuado de los documentos de propiedad, cobros que no entraron a la tesorería, errores intencionales en el registro de los títulos de propiedad”, comentó.
Por ello, dijo, se investiga las administraciones de los cementerios de Mezquitán y Guadalajara; sin embargo reiteró que no ha habido ninguna exhumación ilegal, “nada de lo que se dijo en esas declaraciones ha podido ser probado, porque además es una declaración en los medios”.
El zar anticorrupción agregó: “Encontramos muchas irregularidades en panteones que forman parte de la normalidad, que no deben ser motivo de escándalo, propiedades que cambiaron de dueño [por falta de pagos, de acuerdo a la normatividad], y que la familia anterior, se considera que no fue notificada, falta de documentos, cobro indebido”.
