Rebrota el conflicto por La Primavera

Propietarios y ejidatarios anunciaron que se rompió el diálogo en mesas de trabajos porque no vieron voluntad del gobierno; Semadet niega cerrazón.
Los quejosos aseguran que es invasivo de las facultades de la federación y de sus propios derechos.
Los quejosos aseguran que es invasivo de las facultades de la federación y de sus propios derechos. (Milenio)

Guadalajara

No hubo acuerdos en el tema del Organismo Público Descentralizado (OPD) del bosque La Primavera porque la discusión está trabada en un escollo insalvable: mientras el gobierno del estado sostiene que ese esquema de administración del área protegida es legal, los propietarios y ejidatarios aseguran que es invasivo de las facultades de la federación, y lo que es peor, de sus propios derechos.

De manera que la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente fue el marco para anunciar el rompimiento de las mesas de trabajo que se habían realizado desde febrero hasta hace un par de semanas. “Fueron una simulación”, aseguró José Francisco Cervantes Ruiz, asesor de los quejosos. En contraste, el director interino del OPD, Antonio Ordorica Hermosillo, señaló que fue un espacio útil que sirvió para establecer una serie de modificaciones aclarativas en el texto del decreto para evitar malas interpretaciones, lo que a su juicio fortalece al propio organismo.

“Esas mesas de trabajo solo nos llevaron a perder el tiempo, nunca hubo voluntad de escuchar nuestras propuestas ni de contestar problemas tan urgentes como un polígono de área protegida que no tiene cierre y que hace precaria la defensa del bosque ante intereses inmobiliarios, nunca estuvieron presentes los secretarios de Gobierno o de Medio Ambiente”, señaló el propietario Juan Diego Covarrubias.

La presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, señaló que continúan doce juicios de amparo promovidos contra el OPD y serán llevados hasta sus últimas consecuencias dado que ese organismo está imposibilitado de actuar y sin embargo lo hace, lo que entraña desacato a determinaciones del poder judicial, aseguró.

“Los amparos van muy bien y en algunos ya nos dieron suspensión definitiva como es en el del señor Ramón Sánchez; en otros se están desahogando pruebas para la suspensión definitiva y ya le estamos abonando también en la parte del manejo del área natural protegida y en la constitucionalidad del OPD, el recurso que habíamos interpuesto ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) por el tema de la coadministración, que ellos nos desecharon, nos fuimos a la demanda ante la Sala Especializada del Tribunal Administrativo en Materia Ambiental y de Regulación y ya nos la admitieron”, añadió la doctora en derecho.

- ¿Los efectos de las suspensiones llegan a paralizar al OPD?

- El OPD está paralizada ya, no puede hacer nada.

- ¿Entonces actúa ilegalmente?

- Sí, actúa ilegalmente.

- ¿Y eso se va a reclamar ante los tribunales?

- Lo estamos analizando, porque en todo se está actuando ilegalmente, porque ha seguido trabajando, mandó escritos a ejidos, te doy pago por servicios ambientales, pero lo va a vigilar como OPD del bosque La Primavera y no puede actuar, está suspendido en sus actos y consecuencias por las demandas de amparo; lo hemos estado valorando porque sería en todo, un trabajo importante porque están impedidos de todo […] vamos a valorar si abrimos los incidentes con uno o dos amparos, para no saturar y poner a la autoridad en su lugar, y mientras seguir caminando en esta gestión para lograr un comanejo [sic] y regulación en el bosque.

A juicio de la ambientalista, la figura bajo la que debería actuar el gobierno es la anterior dirección ejecutiva, la cual, sin embargo, también estaba en la ilegalidad, según sus argumentos. También sostuvo que la Conanp se ha deslindado de forma expresa en los juicios, de los actos del gobierno y que no reconoce en forma alguna aprobar la figura del OPD.

Pero el director jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Omar Córdova Soltero, discrepó totalmente de los juicios de Gutiérrez Nájera.

Señaló a MILENIO JALISCO que de forma expresa, en dos juicios los quejosos plantearon al juez detener el procedimiento de elección de director del OPD, impedir la vigencia de su reglamento interno y su operación y en ambos casos le fue negada la suspensión. “No se les otorgó en otro sentido que no fuera la defensa de sus derechos de propiedad, uso, goce y disfrute de sus bienes –lo cual nosotros hemos argumentado que nunca hemos pretendido afectar-; en estos juicios referidos, el juez sostiene que el asunto del OPD y sus alcances son de orden público y no se pueden afectar”.

El abogado de la secretaría dijo que la Semadet trabaja el tema legal en coordinación con la Conanp, que es falso que este organismo no tenga interés en el destino del OPD, y que el énfasis en que una cosa es la función pública y muy otra los derechos de propiedad, está en la esencia de los argumentos para defender el organismo naciente.

Los propietarios insistieron en que la conservación sólo es posible cuando la gestión de un área natural protegida se hace de la mano con ellos y que pueden demostrar que son más eficientes que el gobierno en procurarla. Tienen en integración la propuesta de un consejo regulador, a dos meses por delante. El gobierno alista una nueva convocatoria para el director del OPD.

El problema

El bosque La Primavera es un área natural protegida con decreto federal del 6 de marzo de 1980, que no contó con dirección sino a partir de 1995, en que se firmó el primero de los convenios de coordinación entre el gobierno federal y el de Jalisco para la coadministración, que en los hechos le ha dejado la carga del financiamiento y la operación al gobierno local

La figura vigente para administrar el área fue a través de un fideicomiso público que financiaba el trabajo de una dirección ejecutiva, la cual no tenía la institucionalidad suficiente para generar actos de gobierno en la zona, además de recursos financieros escasos; esta debilidad se puso de manifiesto en diversos estudios técnicos, y vivió sus peores momentos en los dos megaincendios  que vivió la reserva, en los años 2005 y 2012, en que se quemaron 11 mil y ocho mil hectáreas, respectivamente

La figura de organismo público descentralizado surge como respuesta a las carencias históricas en la gestión del área, pero no ha sido inobjetable el consenso sobre su pertinencia, como salta a la vista