Piden a la SCJN decidir con libertad sobre presa

Es fundamental generar jurisprudencia sobre la aplicación de convenios internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, coinciden.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de resolver un juicio de amparo de un habitante de Temaca contra la presa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de resolver un juicio de amparo de un habitante de Temaca contra la presa (Carlos Zepeda)

Guadalajara

El Colectivo de Abogados, organización no gubernamental que ha asesorado por más de seis años a los pobladores de Temacapulín que se oponen a la inundación por la presa El Zapotillo, espera que el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 545/2014, para determinar el juicio de amparo de Lauro Jáuregui Jáuregui, siente precedentes valiosos en la defensa de derechos individuales y colectivos frente a políticas hidráulicas no consultadas a la población y que reflejan intereses políticos y económicos preponderantes.

La corte aceptó abrir el expediente para analizar y determinar el juicio de amparo 2246/2008 y la revisión 273/2012, a sugerencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que consideró que el tema involucra derechos colectivos y de “tercera generación” sobre los que es necesario establecer jurisprudencia.

“Esperamos justicia, que la corte ampare y proteja a don Lauro y a la comunidad de Temacapulín por involucrarse derechos colectivos, y de este modo, se siente criterio jurisprudencial en este tipo de casos, ya que se prueba una violación de derechos humanos”, señaló el litigante Guadalupe Espinoza Sauceda.

El abogado aclaró que como lo refleja en la resolución el propio Colegiado, hay pocos precedentes de este tipo de casos atraídos por la corte, quizás con la salvedad del Acueducto Independencia, en Sonora, con el que se inconformó el pueblo yaqui por la violación de sus derechos sobre el agua.

Por su parte, el presidente del Observatorio del Agua y del Consejo Regional de Desarrollo Sustentable de Los Altos de Jalisco, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, apuntó: “Es interesante que la SCJN atrajera el caso, que se tenga que pronunciar ante cuestionamientos de violación de los derechos humanos, de los llamados derechos de tercera generación, el derecho a la alimentación, entre otros, así como la legalidad y permisos del proyecto; también del carácter vinculante de los diversos acuerdos internacionales que México ha firmado y que obligarán a considerar el principio de precaución ante efectos de cambio climático, lo que afectará las ‘cuentas alegres’ de que en Los Altos ‘sobra’ agua”.

Agregó que esto “abre la puerta a otras demandas que se encuentran en curso y en las que se demuestra la anticonstitucionalidad de las ‘consultas’ ciudadanas que hacen por mero formalismo, sin cumplir a cabalidad y que más se asemejan a una simulación que a un cumplimiento de la normatividad”.

En su opinión, “es necesario que se obligue a los responsables para que se realice un verdadero y completo estudio de impacto ambiental. Se debe establecer con claridad, cuándo procede el interés público y cómo en los casos de privatización, con la concesión del agua a empresas particulares [Abengoa], ya se diluye o desvirtúa dicho interés”.

Asimismo, “hace imprescindible además, que se estudie y determine la importancia que tiene el agua en la producción de alimentos y la igualdad de ambos derechos: al agua y a la alimentación”. Su esperanza: “Ojalá no se sometan los ministros a la presión que sin duda tratarán de ejercer sobre ellos”.

Datos

La SCJN decidió, el pasado 29 de septiembre, abrir el expediente 545/2014 para analizar y determinar el juicio de amparo 2246/2008 y la revisión 273/2012 interpuestos por Lauro Jáuregui Jáuregui, habitante de Temacapulín, en contra del proyecto de la presa El Zapotillo

Es una historia que cumplirá seis años: el juez IV de distrito quiso sobreseer en dos ocasiones, en otras dos el Colegiado levantó esa sentencia, y pidió hace menos de un mes al máximo tribunal del país, que lo considerara como caso a atraer, dada las implicaciones de derechos humanos, ambientales y al desarrollo que el caso implica