PGR exhibe ignorancia en su investigación del megaincendio

Ofrece a la sociedad chivos expiatorios; la cadena completa de instituciones está llena de complicidades en la omisión, advierte la directora del Idea, Raquel Gutiérrez Nájera. 
Aseguran que las acusaciones no están bien armadas y que se puede demostrar que no se contó con los elementos para cumplir con la norma
Aseguran que las acusaciones no están bien armadas y que se puede demostrar que no se contó con los elementos para cumplir con la norma (Milenio)

Guadalajara

A la Procuraduría General de la República no le interesan los temas ambientales y ofrece, como en el caso del megaincendio del bosque La Primavera de 2012, un espectáculo a la sociedad que jurídicamente no podrá sostener, advirtió la directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera.

“Le hemos estado dando seguimiento a los incendios de La Primavera, del 2005 y de 2012 sobre todo, y si hacemos un recuento, vemos que en todos los incendios no hay como un hilo conductor en sistemicidad, por lo que me da a entender que han sido más bien de carácter fortuito; que en algunas cosas se les ha pasado el fuego, pero no de manera intencional, y si me llama la atención que ahora la PGR diga que ya encontraron culpables, y que mencione al director del área protegida y a un funcionario de la Conafor; pero que aparte diga que es por negligencia u omisión en ciertas tareas”, refirió.

“Si nos vamos a la revisión de cuál es la infraestructura física, técnica, económica con la que cuenta el director del área natural protegida, así como con la función de la Conafor, nos vamos a dar cuenta que no tienen; y si nos vamos a revisar los acuerdos de coordinación para la administración de manejo que la autoridad estatal ha firmado con la federación, nos vamos a dar cuenta que tampoco tienen nada, en todo lo que es el manejo del área ha habido varias omisiones; la primera, cuando la secretaría [Semarnat], firmó el primer acuerdo de coordinación para trasferir el manejo, debió haber evaluado la capacidad técnica, de infraestructura, recursos humanos, económicos de parte del gobierno de Jalisco, para manejar el área natural protegida como reza el reglamento”.

- Pero la federación simplemente la quería soltar…

- Sí, la federación ya quería soltarla; ya después en 2013 cuando se vuelve a hacer este acuerdo, debieron de nueva cuenta haber evaluado y revisado esta capacidad técnica, científica y de infraestructura del gobierno del estado, para el manejo, un manejo que va desde la administración hasta la actividades propias del decreto, entre ellas el manejo del fuego, y no se hizo otra vez.

De este modo, “no se puede culpar a un funcionario, porque ahí primero debo ver con que infraestructura lo doté para que cumpliera con sus obligaciones en el programa de manejo, qué no hizo, y si nos vamos a este punto y vemos el presupuesto con que cuenta,  que en su mejor momento fue de nueve millones de pesos, y más por la presión de los grupos ambientalistas […] y la mayor parte de este recurso para qué se usa, para el pago de nómina, pero todas las actividades de manejo, de restauración, de aprovechamiento, no hay dinero, y si hablamos de omisiones, me parece que la PGR –lo digo como criminóloga y experta ambiental- lo único que me demuestra es la ignorancia de su fiscalía especializada en los delitos ambientales.

- ¿Están jugando con la opinión publica?

- Claro, el presidente Calderón dijo en 2012, hay que llegar hasta las últimas consecuencias, pero si llegamos hasta las últimas consecuencias, aquí encontramos complicidades, omisiones, negligencia, tanto en la Conanp [Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas] como en el gobierno del estado; nunca se verificó que efectivamente el gobierno del estado de Jalisco tuviera todas estas capacidades, y el gobierno dijo tenerlas, sin tenerlas.

- Pues en 2010, el gobierno de Emilio González no le quería dar ni un peso de presupuesto.

- Así es, debimos empujar desde el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, para evitarlo […] y empezamos ahí, cómo no le vas a dar, y con los diputados era igual, entonces aquí hay una complicidad institucional evidente.

- Siendo justos, habría que meterlos a la cárcel a todos…

- Sí, no solamente a chivos expiatorios, como la figura del director que es la más visible, y la de un funcionario de la Conafor; eso me parece una falta de respeto para la academia, para los ambientalistas y para el propio bosque de La Primavera.

- ¿Siendo tan precaria la armazón, no tendría que prosperar esta causa penal?

- Claro, no está bien armado; el ingeniero Gámez puede demostrar que jamás contó con los elementos que le permitieran cumplir con el decreto  de 1980,  y sino los tiene, cómo le vamos a pedir lo imposible; nadie está obligado a lo imposible, pero es una tristeza ver como la PGR, una institución tan consolidada en este país, no tenga en su interior el como poder distinguir e investigar cuando hay un delito ambiental.