ONU abre investigación vs Fiscalía

Si en la averiguación del Alto Comisionado se comprueba que los agentes sí aplicaron tortura, se harían recomendaciones por primera ocasión de parte de un organismo internacional.

Guadalajara

El Alto Comisionado de Naciones Unidas en México inició una investigación en contra de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por presuntos actos de tortura cometidos por elementos de dicha dependencia.

Jorge Nava, integrante del organismo internacional confirmó la investigación en contra de la dependencia estatal, que encabeza Luis Carlos Nájera, y reveló que una copia del expediente fue enviada a la sede del Alto Comisionado en Ginebra, Suiza.

La indagatoria se desprende de un caso que fue documentado por MILENIO JALISCO el pasado 27 de marzo, en el cual se detallan las vejaciones que sufrieron tres hombres de origen colombiano que fueron detenidos por presuntamente robar una mochila y diez pesos.

De acuerdo con Nava, la investigación que realiza el Alto Comisionado de Naciones Unidas aún está abierta y de comprobarse que los oficiales de la Fiscalía General del Estado torturaron a los colombianos, el organismo internacional podría emitir recomendaciones a la dependencia estatal.

Esto marcaría un precedente nacional, ya que nunca antes en la historia alguna corporación policial ha recibido alguna observación de esta magnitud y por un organismo internacional.

El incidente ocurrió el 12 de octubre del 2013, cuando policías de Guadalajara detuvieron a Héctor Danilo Parra Fajardo, Wilson David Rojas López y José Darío Vargas en la avenida Río Nilo, en la colonia Jardines de la Paz, en Guadalajara.

La esposa de uno de los detenidos envió una carta al relator especial sobre tortura del Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ernesto Méndez, en la que denunció los abusos que sufrió su cónyuge durante el tiempo que pasó en las celdas de la calle 14, en la Zona Industrial de Guadalajara.

Yenit Yasmín González, esposa de Parra Fajardo narró que elementos de la Fiscalía General del Estado del área 20 operativa torturaron a los extranjeros físicamente y psicológicamente durante 48 horas, con el fin de que se declararan culpables del delito que les imputaban.

“Me contó Héctor Danilo que en varias ocasiones, bajo amenazas, golpes y torturas como arrancarle las uñas, todo esto en unas bodegas que hay detrás del Ministerio Público pasando la carrilera por donde entran los vehículos, los llevaban a unos cuartos donde los desnudaban, los agarraban de pies y manos y maltrataban sus genitales colocándoles choques eléctricos”, se lee en la carta.

Además Yasmín González tomó fotografías a los moretones que le dejaron los golpes  propinados por los agentes.

Para el día 16 de octubre, los indiciados fueron consignados al Juzgado Sexto de lo Penal, pero  al día siguiente recobraron la libertad porque el juez considero que las tres personas fueron torturadas para declarar.

Cuando abandonaban el reclusorio metropolitano, nuevamente fueron detenidos acusados del delito de robo a casa habitación.  Héctor Danilo, Wilson David y José Darío permanecieron un año siete meses en prisión hasta que el pasado mes de mayo fueron absueltos ya que el juzgador no encontró los elementos para sentenciarlos.

Los colombianos fueron trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Guadalajara y después enviados al Distrito Federal para finalmente ser deportados a su país, a pesar que uno de ellos está casado con una mexicana que permanece en el país.

Claves

Lo que prevé la ley

- Comete el delito de tortura el servidor público que realice cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con fines de investigación, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin.

- También se entenderá como tortura la aplicación sobre una persona de cualquier acto u omisión que persiga o conduzca a disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o mental, aunque no le cause dolor o angustia psíquica.

- La sanción en casos de tortura será de 3 a 12 años de prisión, con multa de 200 a 500 días de salario mínimo y destitución e inhabilitación del cargo.

- La pena se agrava cuando la víctima forme parte de algún grupo vulnerable.

- Además, el servidor público que conozca de un caso de tortura y no lo denuncie, podrá ser sancionado con 2 a 5 años de cárcel.

- Es un delito que no prescribe, es grave y no alcanza fianza. Se sigue de oficio.

- Las sanciones pueden ser para funcionarios públicos o particulares.

- No pueden alegarse como excepción las órdenes superiores, cuestiones de inestabilidad política o investigaciones.

- Se establece un catálogo de prácticas preventivas.

- La CEDHJ debe denunciar los casos de tortura cuando reciba una queja.

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Los involucrados en la investigación

Jorge Alberto Nava Gutiérrez, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. 

Participó en las investigaciones sobre la muerte de dos menores que fueron vacunas en una clínica del IMSS, en la comunidad de La Pimienta, en Chiapas 

También indaga sobre las amenazas de muerte que recibió el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien emprendió una campaña para solicitar al presidente municipal de Simojovel, Chiapas, el cierre de cantinas, centros nocturnos 

De igual manera tomó parte en el caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa

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Juan Ernesto Méndez,  rector especial sobre la tortura y penas crueles

El Secretario General nombró el 1 de agosto de 2004 a Juan Méndez, asesor especial para la Prevención del Genocidio, a tiempo parcial y con categoría de Subsecretario General. Juan Méndez ocupó el cargo hasta que lo sucedió Francis Deng el 1 de agosto de 2007

El 6 de octubre de 2010, Juan Méndez fue nombrado por las Naciones Unidas Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con un mandato de tres años a partir del 1 de noviembre de 2010

Más recientemente encabezó una investigación en México, que concluyó en un informe que revela que la tortura es una práctica realizada de manera común por las autoridades en nuestro país