Abengoa fracasa en comprar predios para su acueducto

Hoy vence el contrato de concesión con la empresa española. Productores y activistas sostienen la necesidad de cancelar el trasvase de agua a León, pues representa riesgo de desabasto para un ...

Guadalajara

A dos años de haber sido firmado el contrato de concesión del acueducto El Zapotillo – León, y a un año de que venció el plazo para la compra de los 354 predios por donde se pretende pasar la infraestructura, apenas ha logrado la concesionaria, Abengoa de México SA, adquirir 61 terrenos, es decir, 18 por ciento del total.

Si se cumplen los términos del contrato, se debería cancelar de forma automática. La explicación del fracaso de la filial de la empresa homónima española es la resistencia de los productores de Los Altos en lo que consideran es el despojo de su agua, esencial para la vida y economía de un millón de habitantes de la zona enclavada al este de Jalisco, que aporta un quinto de la proteína de origen animal del país.

De hecho, cobra fuerza la opinión técnica de evitar que se trasvase agua desde la cuenca del río Verde hacia la del Turbio, donde está enclavada la ciudad de León, debido a que el Verde tiene vedas de aguas superficiales y subterráneas desde hace seis y tres décadas –respectivamente-; a que la tendencia en las precipitaciones y escurrimientos de agua va a la baja y los datos con que se estableció el reparto del agua entre Jalisco y Guanajuato tienen más de quince años de atraso, sobre todo si se toma en cuenta la realidad del cambio climático (ver nota anexa).

Los predios adquiridos hasta el 5 de septiembre pasado, según datos requeridos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, recurso de revisión RDA 3384/13, al organismo de cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (CNA), enlistan 61 propiedades de los municipios de Cañadas de Obregón, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Jalostotitlán, Valle de Guadalupe y Unión de San Antonio, por 612,441 metros cuadrados (61.2 hectáreas), pero contra el inventario original de terreno a adquirir, 354, representa menos de 18 por ciento, lo que hace imposible realizar el proyecto.

La explicación que da la CNA de este problema es que “los propietarios han encarecido las tierras”; que algunos se encuentran en los Estados Unidos y que muchas superficies están intestadas, lo cual haría necesario recurrir a expedientes de expropiación. No obstante, las representaciones de ganaderos y agricultores han sido insistentes respecto al motivo central de no vender: se oponen al negocio con las aguas de su región y a carecer del recurso para su consumo doméstico y actividades productivas, o bien, pagarlo a alto costo.

“No tiene nada de lógico ni de sustentable que te cierren el pozo en tu predio y debas pagar el agua que viene en un tubo que bombea más de 400 metros y te va a salir carísima”, señaló en junio pasado el líder ganadero de Jalostotitlán, Enrique Romo Pérez.

El contrato

El título de concesión OCLSP-DAPDS-01-11, establece las condiciones y cláusulas para que cumpla el ganador del contrato, un conjunto de empresas asociadas que lidera Abengoa México, SA de CV, con participación de Abeinsa Infraestructuras Medio Ambiente, SA, Sociedad Unipersonal, y Abeinsa, Ingeniería y Construcción Industrial, SA. El concurso fue dirigido por el hoy coordinador de aprovechamiento del río Verde de la CNA, Juan José San Elías Arellano, quien por cierto es egresado de la Universidad de Guanajuato (1998).

El documento, con copia en poder de este diario, señala que la concesión del acueducto tiene un término de 25 años siempre que se cumplan “condiciones suspensivas” como la constitución de un fideicomiso, la suscripción de un convenio de apoyo y la contratación de una línea de crédito. Además, “la entrega formal del uso y goce libre, pacífico, temporal y gratuito de la totalidad de los derechos de vía y de los terrenos”; cuando se cumplan todas estas condiciones, “firmarán el acta de inicio de la vigencia de la concesión”.

El título de la concesión fue firmado el 14 de octubre de 2011. “Si a partir de la fecha de firma […] y hasta un año después no se llegan a cumplir en su totalidad las condiciones a que se hace referencia en la presente condición, la concesión caducará automáticamente y no surtirá efecto alguno. En este caso, el concesionario no tendrá derecho a indemnización o pago alguno bajo ningún concepto. En cualquier momento, la CNA podrá ampliar el plazo de cumplimiento de las condiciones a las que se refiere el presente párrafo, en cuyo caso lo hará del conocimiento del concesionario”.

Ha pasado un año desde que debió caducar. Buena parte de los habitantes de la zona, por donde atravesaría el tendido hacia la urbe del Bajío, pretenden hacer valer su calidad de propietarios para impedir que la obra se concrete, pues la ven como un gran perjuicio a su economía y su calidad de vida.